El Gobierno continuará analizando la semana próxima con los referentes de varias fuerzas de la oposición el borrador con la propuesta impulsada por el oficialismo para aplazar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) al 12 septiembre y las elecciones legislativas al 14 noviembre, debido a la pandemia por coronavirus.

Luego de reunirse el jueves último en el Congreso con los referentes de Juntos por el Cambio, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, buscará reunirse la semana próxima con los referentes del Interbloque Federal, Unidad Federal para el Desarrollo y el Frente de Izquierda para avanzar en la posibilidad de postergar un mes las PASO y las elecciones legislativas.

La realización de la reunión con esos espacios opositores fue adelantada el jueves por Sergio Massa. El presidente de la Cámara baja confirmó que se acordó "hacer una segunda reunión con los bloques de los partidos que no son de Juntos por el Cambio: la Izquierda y los partidos provinciales". "Lo que pretendemos es buscar un consenso general con garantías de participación democrática", explicó.

"Teniendo en cuenta la segunda ola y lo dispuesto por el calendario electoral vigente, lo que discutimos es que sería óptimo comenzar a debatir el corrimiento de la elección por lo menos un mes. Entendemos que es un mes más de vacunación, lo que es importante", sostuvo De Pedro esta semana.

Fuentes gubernamentales señalaron que desde el comienzo de esta discusión, el presidente Alberto Fernández había manifestado que cualquier modificación debería salir del Poder Legislativo y para ello, debía conseguir consenso multipartidario.

Las leyes electorales necesitan mayorías calificadas de 129 votos en Diputados y de 37 en el Senado (la mitad más uno de los miembros de cada Cámara), por lo que hace falta un consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Para avanzar en esa propuesta, el oficialismo de la Cámara de Diputados ya designó al legislador pampeano del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo, al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo de Pablo González, quien renunció en febrero para asumir como director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).