La Procuración General de la Nación consideró que el decreto del presidente Alberto Fernández que suspende las clases presenciales no es constitucional. El dictamen fue firmado por el procurador interino Eduardo Casal. Ahora definirá la Corte Suprema de Justicia sobre la disputa que tensó la relación política entre la Ciudad de Buenos Aires y la Casa Rosada.

“Los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, escribió Casal, que es un funcionario judicial cuestionado por el kirchnerismo.

Dijo que no se acreditó que las clases presenciales “haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado”

Y que no se precisó “la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”.

Señaló que no está justificada la necesidad sobre esa medida teniendo en cuenta lo que es la educación y exhortó al diálogo entre la Nación y la Ciudad.