El fiscal Julio César Castro fue removido de su cargo por mal desempeño de su cargo y mala conducta, "caracterizados por su ensañamiento contra las mujeres". La decisión la tomó el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), que consideró probados "numerosos hechos de suma gravedad".

El jury también tuvo por acreditado que Castro, exjefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, incurrió en “maltrato laboral” y en “comportamientos inadecuados” y hechos de “violencia de género” dentro y fuera de su ámbito como representante del MPF ante tribunales orales en lo criminal. La sentencia, dada a conocer en una audiencia virtual, destacó la “cuantía y gravedad” de los hechos atribuidos a Castro “y la cantidad de tiempo en que los llevó a cabo”.

En noviembre de 2019, además, Castro fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual y lesiones a su expareja, pero la sentencia no está firme. Antes de ese juicio penal, en 2017, cuando se conocieron las primeras acusaciones en su contra, el ahora exfiscal pidió una licencia psiquiátrica, que le fue otorgada, y siguió cobrando su sueldo.

Las primeras denuncias aparecieron en diciembre de 2016 cuando el Senado de la Nación evaluaba el pliego de Castro para ser designado juez. En ese momento se presentaron dos impugnaciones: una por la denuncia de acoso laboral y sexual, y otra por una conversación indecorosa en la red social Twitter que el fiscal había mantenido con una adolescente menor de edad.

Castro fue miembro de la Justicia penal por 30 años. Fue designado director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. El exprocurador Esteban Righi lo designó en el cargo, en el año 2007. También fue fiscal ante el Tribunal Oral Nº 15, dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.

Intentó ser camarista en la Justicia federal, con una audiencia para tratar el tema en la Comisión de Acuerdos en el Senado, con un pliego de recomendación firmado por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. La moción no prosperó y las denuncias fueron el principio del fin de su carrera.