Cuatro funcionarios públicos y 20 miembros del Sindicato de Choferes de Camiones de Chubut fueron procesados por el robo de vacunas contra el Covid-19 de un hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se trata de la causa en la que se investiga la sustracción de 60 dosis de los componentes 1 y 2 de Sputnik V, que fueron utilizadas para inocular a personal y dirigentes del mencionado gremio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la jueza Eva Parcio de Seleme hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Norberto Bellver y resolvió procesar a los acusados. 

En su resolución, la magistrada explicó la maniobra ilícita que realizó un empleado de salud del sindicato al comprarle a una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia las vacunas para que sean aplicadas a la comisión directiva y a  empleados del sindicato y de la obra social de Camioneros.

La sustracción de las 30 dosis del componente uno habría ocurrido entre el 7 y el 9 de enero pasado, cuando una de las imputadas, la enfermera Analía Muñoz, habría recibido el ofrecimiento de parte de un representante del gremio. Igual cantidad de dosis del componente dos fueron robadas el 27 de enero.

Para la jueza, el 29 de enero unas veinte mujeres y hombres integrantes del sindicato, entre ellos quien instigó la maniobra delictiva, fueron vacunados con el primer componente por Muñoz y su compañera Gabriela Torres. 

Dentro de las responsabilidades de los funcionarios públicos, la magistrada destacó el rol preponderante de Jorge Benítez, jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, quien ocupaba la función de "garante del resguardo de las vacunas". Por ese motivo, fue procesado como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le fijó un embargo de 500 mil pesos.

Además, señaló el rol de Daniela Cocha, quien fue procesada por el delito de malversación culposa de caudales públicos, ya que era la encargada de coordinar la entrega diaria de las dosis necesarias y de realizar distintas tareas operativas en cuanto a la provisión de las vacunas conforme los turnos que fueran programados para cada día.

Parcio De Seleme también dictó el procesamiento de la enfermera Muñoz por malversación de caudales públicos y le fijó un embargo de 2 millones de pesos; y en cuanto a Torres, a quien se le imputó haber ayudado para coordinar la maniobra, la jueza la consideró autora penalmente responsable del delito de encubrimiento y le trabó un embargo de 1 millón de pesos.

En tanto, el empleado del área de Salud del sindicato imputado de haber comprado las vacunas fue procesado como instigador del delito de malversación de caudales públicos y se le fijó un embargo de 1,5 millones de pesos. Al resto de los 19 sindicalistas acusados, la jueza los consideró autores penalmente responsables del delito de encubrimiento y libró un embargo de 1,3 millones de pesos para cada uno.