El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó y dispuso la prohibición de salida del país de nueve manifestantes, acusados de daño agravado y estorbo a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por la agresión al presidente Alberto Fernández cuando visitó Chubut a raíz de los estragos provocados por los incendios en la Patagonia, en marzo pasado.

El magistrado dictó embargos que van desde los 80 a los 500 mil pesos, y fijó la prohibición de salida del país para los imputados.

El hecho tuvo lugar el 13 de marzo pasado cuando el mandatario nacional y su comitiva pasaban por el Centro Cultural de Lago Puelo, una de las localidades afectadas por los incendios forestales en la cordillera de Chubut.

En ese momento, manifestantes arrojaron piedras y golpearon después los vidrios del vehículo presidencial ante la total ausencia de custodia, lo que produjo la suspensión de las actividades oficiales de ese día.

El hecho se produjo luego de que bajara del avión que lo llevó a la provincia de Chubut, donde recorrió los lugares afectados por los focos ígneos.