La noticia pura y dura se conoció cuando promediaba esta semana y se relacionaba con la aprehensión de 19 personas que integraban una banda de delincuentes dedicados a la usurpación de inmuebles,  y siendo que entre sus miembros más conspicuos tenía como jefe a un narcotraficante condenado, a un abogado, a un policía que también es abogado y a una mujer policía, y otras personas con distintos roles en la organización, pero estrechamente vinculados entre sí.

Éstos, con liderazgo absoluto sobre los otros integrantes de la gavilla criminal, se encargaban de marcar casas para ser ocupadas, para doblegar a impetuosos propietarios que quisieron hacer valer sus derechos y golpearlos, amenazarlos y amedrentarlos. 

Y para completar el cuadro, y como corolario de  una investigación de 90 días que realizaron tres fiscales de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Jiménes, Urquiza e Ilera, en la vivienda del jefe de la organización criminal, secuestraron 190 kilogramos de marihuana acondicionados en más de medio millar de ladrillos. Y, por su naturaleza, este secuestro de drogas se transformó en una nueva causa, en este caso, que tramitara la justicia federal en el marco de la aplicación de ley nacional de estupefacientes N° 23.737.

Ya son tres años

A partir del mes de julio de 2019, la actividad de una gavilla de delincuentes perfectamente organizados y dirigidas a cometer delitos para conseguir sus fines actuaba  en Santa Fe y la zona de influencia,  para definir la geografía a la convirtieron en su campo de acción. Se dedicaban a la usurpación de viviendas e inmuebles, como también a otro tipo de delitos contra las personas y contra la propiedad, como también a la comercialización de estupefacientes. A que esta última cuestión pertenece excluyentemente a la competencia de la justicia federal, hace a la naturaleza violenta y delincuencial del grupo de malvivientes.

Sin piedad

La violencia y el engaño  permanente fue la forma de actuación que tuvieron los integrantes de la banda criminal con la finalidad de obtener sus fines, con amenazas y engaños obtuvieron la posesión de diversas propiedades, después para completar el cuadro de la ilegalidad, fraguaron documentos públicos, todo ello con la asesoría de un abogado y una policía, y un abogado y policía, que además utilizaban a familias de bajísimos recursos y con chicos pequeños para ocupar los inmuebles y dificultar su desalojo. Siete inmuebles de los investigados quedaron comprendidos en esta situación.

Investigación

A comienzos del mes de marzo, tres fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, se hicieron cargo de la investigación de los sucesos que fueron denunciados por los profesionales que representaron a las familias damnificadas, y como las denuncias de un caso, tuvieron una seguidilla de otros casos similares  en la modalidad, se ordenó una inmediata investigación, que arrojó como primer resultado, que la jefatura de la  organización criminal tenía como cabeza a un ex convicto de pena cumplida por infracción a la ley nacional de estupefacientes N° 23.737, y policías y abogados que lo secundaron directamente en el asesoramiento. El menú de delitos imputados van desde pago  de coimas a la falsificación de documentos privados , pasando por lesiones en un contexto de violencia de género, además de las usurpaciones reiteradas de inmuebles con defraudación por la venta de cosa ajena y amenazas calificadas sobre las víctimas. 

Bingo, combo completo

Una de las viviendas que fueron parte  de los 16 allanamientos durante la mañana del jueves fue la de Alberti  al 4000, donde fueron secuestrados 541 ladrillos  de marihuana que pesaron 190 kilogramos de droga, conforme al narcotest que realizaron agentes antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal AIC, lo que a tono con las actividades ilegales remata y galvaniza el contexto de la investigación sobre las usurpaciones y la asociación ilícita, aunque  que por su naturaleza, este secuestro se divide, y esa parte es girada a la justicia federal con sede en la ciudad de Santa Fe, por la presunta infracción a la ley nacional de estupefacientes  N° 23.737.