El fiscal general, Francisco Barbosa explicó "Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de una feroz lucha antiguerrillera.

Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de la víctimas eran menores de edad. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa.

Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.

Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un "body count" o conteo premiado de cuerpos.

La imputación de la fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.

El general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces".

El entonces mayor del ejército Gustavo Soto relató que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".