El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas, incluso en caso de violación o incesto.

"La ley es claramente inconstitucional", manifestó el fiscal general, Merrick Garland, en conferencia de prensa, según reportó la agencia de noticias AFP.

"El Departamento de Justicia tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos y el estado de derecho", dijo Garland y agregó: "Hoy cumplimos con ese deber al presentar la demanda".

"Today's breaking news from the Biden Justice Department. The first major legal action from the administration on the near total ban on abortion in Texas... Attorney General Merrick Garland this afternoon announcing a lawsuit against the state" - @NicolleDWallace pic.twitter.com/lEUiXhNloH

— Deadline White House (@DeadlineWH) September 9, 2021

El gobernador de Texas prohibió el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del embrión, después de unas seis semanas de embarazo.

La demanda llega una semana después de que el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, criticara la negativa de la Corte Suprema de bloquear la ley de aborto de Texas y prometiera lanzar un "esfuerzo de todo el Gobierno" para revocarla.

La asociación Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Planned Parenthood (Planificación Familiar), el Centro de Derechos Reproductivos y otras asociaciones habían pedido la semana pasada al alto tribunal que detuviera la aplicación de esta normativa por medio de una solicitud de emergencia.

Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de esa ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, pero señaló "cuestiones de procedimiento complejas y nuevas".

Su decisión fue aprobada por cinco magistrados sobre un total de nueve. Tres de los jueces fueron elegidos por el expresidente Donald Trump justamente por su oposición al aborto.

La ley de Texas es la más restrictiva sobre el aborto que ha entrado en vigor desde el fallo de Roe v. Wade, la emblemática decisión de la Corte Suprema que en 1973 reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país mientras el feto no sea viable fuera del útero, lo que suele ocurrir hacia las semanas 22 a 24 de embarazo.

La normativa en cuestión, firmada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del embrión, después de unas seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Solo hay una excepción: en caso de peligro para la salud de la mujer.

En el pasado, otros estados del país trataron de promulgar restricciones al aborto, pero no lo lograron debido al fallo de 1973. Doce aprobaron leyes similares a la de Texas que fueron bloqueadas en los tribunales por violar la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Pero Texas redactó su ley en forma diferente: no corresponde a las autoridades hacer cumplir la medida, sino "exclusivamente" a los ciudadanos, que son alentados, gracias a compensaciones financieras, a presentar denuncias civiles contra organizaciones o personas que ayudan a las mujeres a abortar.

Por una cuestión de procedimiento, estas disposiciones tornan complicada la intervención de los tribunales federales, que hasta ahora se habían negado a tratar recursos contra esta ley. La Corte Suprema siguió su ejemplo pero subrayó que puede haber otros recursos presentados contra esta ley, por ejemplo en los tribunales estatales.