El Gobierno presentó proyectos de ley que incluyen un paquete de medidas para formalizar a trabajadores de la economía popular y extenderá un beneficio a los monotributistas de las categorías más bajas.

Entre otros beneficios, la iniciativa contemplará la quita del componente impositivo ("impuesto integrado") a casi 2 millones de monotributistas de la categoría A, B y C.

La medida forma parte del paquete de alivio fiscal y formalización de los trabajadores de la economía popular.  El beneficio se extendería -de ser aprobado- a todos los monotributistas que facturan hasta $ 770.000 por año y no están en relación de dependencia o en un régimen de jubilación (artículo 22°).

El proyecto de ley de "Puente de inclusión al Régimen Simplicado para pequeños contribuyentes" prevé la reforma del monotributo para facilitar la inclusión social, promover la formalización laboral para unos 4,5 millones de trabajadores en total, el acceso a jubilación y cobertura de salud y la posibilidad de entrar en el circuito formal para ser sujetos de crédito.

Durante los primeros 4 años desde la inscripción de los nuevos contribuyentes se contempla una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo -que llega hasta el 100% en el caso de las tres categorías más bajas-, previsional y la obra social).

El Estado se hará cargo en forma permanente del pago del componente impositivo del monotributo a todas las personas registradas en las categorías A, B y C, que según las escalas vigentes a partir julio de 2021 pagaban desde $ 228,63 hasta $ 753,19 por mes en el caso de "locaciones o prestaciones de servicios" y hasta $ 696,01 por la "venta de cosas muebles".

La iniciativa quedó definida tras una reunión que mantuvieron este mediodía en Casa Rosada el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti; y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexander Roig.