Tras los allanamientos en oficinas del Ministerio de Seguridad en Santa Fe y Rosario el viernes pasado, el fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini, salió a respaldar la decisión de los funcionarios del MPA Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, cuyas repercusiones políticas aún resuenan.

Los procedimientos tuvieron lugar en busca de evidencia sobre un presunto espionaje ilegal que habría sido ordenado por el exministro Marcelo Sain a dirigentes políticos, empresarios y periodistas. De hecho, este lunes se replicó otra requisa en la sede de la cartera en la ciudad capital.

En rueda de prensa desde Rosario, Baclini aseguró que Hernández y Jiménez llevan adelante una investigación "bastante consolidada, que llevó a realizar los procedimientos", y además contó: "los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación".

"Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida", argumentó.

"Los fiscales recibieron la información y se constituyeron en el Ministerio de Seguridad a los fines de cautelar la evidencia que podría ser importante para las investigaciones; algo que es lógico", insistió. 

"Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo", subrayó Baclini. 

Asimismo, aseguró que cuando sea oportuno, Hernández y Jiménez "mostrarán todas las evidencias con las que cuentan", aunque aclaró que "es una investigación que está en curso, en la faz secreta, y los fiscales están tramitándola".

Audio: Fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini