Perotti habilitó auditorías y sumarios en el Ministerio de Seguridad
Serán llevadas a cabo a través de Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de la fiscalía, en el marco de los allanamientos en las sedes de Santa Fe y Rosario.
En la jornada del lunes 29 de noviembre, a través de un decreto, el gobernador de la provincia, Omar Perotti instruyó al fiscal de estado, Rubén Weder, para iniciar las gestiones administrativas dentro del Ministerio de Seguridad.
Esta medida es consecuencia de los allanamientos realizados en las sedes del Ministerio tanto en la ciudad de Rosario como en la de Santa Fe, en el marco de una investigación por el posible espionaje ilegal que se podría haberse llevado a cabo por funcionarios del Ministerio provincial cuando estaba al frente Marcelo Sain.; una controversial licitación de compra de armas y vehículos, la renuncia en masa de funcionarios y la destrucción de documentos.
En el decreto del gobernador, se hace referencia que ante las acciones de público conocimiento y las iniciativas realizadas por "el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales (...) es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento".
En ese sentido, y "a los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren, es oportuno instruir al Fiscal de Estado que tiene como facultad legal llevar a cabo las investigaciones y procedimientos disciplinarios (art. 2, inc. f) Ley 11875) - para que, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de esa jurisdicción, inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan".
En otras palabras, las acciones serán realizadas por intermedio de la Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de la fiscalía. Además, el decreto establece que si existieran irregularidades, será el propio fiscal de Estado el encargado de establecer "las responsabilidades administrativas que correspondieren".