Un fiscal federal de San Luis pidió que vayan a juicio oral tres policías de esa provincia acusados de abusar sexualmente de una mujer que había sido detenida en abril de 2019 y que se encontraba alojada en una comisaría de la localidad puntana de Villa La Quebrada, informaron fuentes judiciales.

El requerimiento fue efectuado por el fiscal federal subrogante Cristian Rachid y recayó sobre el jefe de servicio de la seccional donde ocurrió el presunto abuso y otros dos agentes, los tres imputados del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado".

El Ministerio Público Fiscal de la Nación informó a través de su página web (www.fiscaes.gov.ar) que el jefe de servicio fue acusado como "autor" del abuso, mientras que los otros dos policías están procesados como "partícipes necesarios".

A su vez, en el mismo fallo, el fiscal Rachid dispuso no acusar a la víctima del abuso de hacer circular moneda falsa, delito por el cual había sido detenida y llevada a la comisaría de Villa La Quebrada, unos 38 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis.

Los hechos

El hecho investigado ocurrió el 21 de abril de 2019, cuando la mujer fue apresada por la Policía como "presunta autora de expender moneda falsificada en concurso ideal con el delito de defraudación, para la cual se valió del ardid de entregar moneda falsificada como pago por la compra de bienes".

De acuerdo a la acusación, la sospechosa aparentemente entregó nueve billetes de mil pesos a la encargada de la barra de un salón bailable de Villa La Quebrada en diversas ocasiones para comprar bebidas.

Y cuando la empleada fue finalmente alertada de que el dinero era falso, formuló una denuncia que devino en la detención de la mujer y el traslado a la comisaría local.

A su vez, en el marco de una ampliación de su declaración indagatoria posterior al dictado de su procesamiento, la mujer denunció haber sido víctima de un abuso sexual mientras estuvo detenida en la seccional hasta que fue retirada de allí por la Policía Federal Argentina (PFA).

Esta denuncia dio lugar a una nueva investigación en la que se imputó al oficial principal que estaba como jefe de servicio y a dos auxiliares.

En su requerimiento, el fiscal Rachid consideró que "por su duración y circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas", el sometimiento sexual fue "gravemente ultrajante para la víctima, agravado por haber sido cometido por dos o más personas, integrantes de una fuerza policial y en ocasión de sus funciones".

"Según pudo reconstruirse luego, en la investigación iniciada a partir de la denuncia de abuso sexual se determinó que la víctima no habría sido participe exclusiva en el expendio de moneda falsa que se le imputa", indicó el fiscal.

Rachid también descartó la aplicación de una condena de ejecución condicional o, incluso, una salida alternativa del proceso como la probation, y ponderó "la grave violencia de género, institucional y sexual que padeció la imputada, como consecuencia precisamente de su detención".

Y, además, remarcó la "vulnerabilidad que presentaba la imputada al momento de los hechos" y "los graves daños sufridos durante su cautiverio".