En un extenso escrito en el que describió las dificultades para probar delitos que por lo general se cometen en la intimidad y sin la presencia de testigos, Labozzetta explicó que "el procesamiento, así como el avance de la presente causa a la etapa plenaria, no requiere para su procedencia que se alcance un grado de conocimiento certero".

Para el procesamiento basta con "la reunión de sólidos elementos que conduzcan a estimar que existe un hecho delictivo y que el imputado ha intervenido en su ejecución de modo culpable", abundó.

Gianola fue beneficiado con falta de mérito por la fiscal Ángeles Gómez Maiorano, quien consideró que no existen de momento elementos suficientes para presumir de su responsabilidad en los hechos por los que lo acusan dos presuntas víctimas, Fernanda Meneses y Viviana Aguirre.

"La resolución que aquí se cuestiona desconoce que en los delitos contra la libertad sexual debe tenerse un criterio amplio en la valoración de la prueba, sopesando hasta el más mínimo indicio, dado que generalmente se cometen en la intimidad", replicó la fiscal.

"Esta característica preponderante de este fenómeno criminal no puede derivar en una impunidad sistemática de los delitos sexuales por el solo hecho de no contar con testigos que hayan visualizado el suceso ilícito, sino que es obligación del sistema de justicia valerse del resto de los elementos probatorios mediante los cuales se puede reconstruir la ocurrencia del hecho", insistió.

La fiscal también cuestionó la decisión de la jueza de impulsar peritajes psicológicos para las denunciantes así como para el propio Gianola. "Conllevan un alto riesgo de revictimización y resultan inconducentes porque no cumplen con el objetivo de comprobar al menos de modo indirecto las agresiones sexuales padecidas", argumentó, mientras que sobre el peritaje a Gianola, afirmó que "es incorrecto pensar que los hechos de abuso sexual son hechos cometidos por personas seriamente perturbadas".