El gobernador Omar Perotti instruyó al Fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder, para que se presente como querellante en la causa por supuestos hechos de “espionaje ilegal” durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de la propia provincia.

El decreto 022 del pasado 18 de enero lleva la firma del mandatario y de la ministra de Gobierno Celia Arena y define “intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad”.

Entre sus fundamentos, el decreto señala que después de los inétidos allanamientos al Ministerio de Seguridad del 26 de noviembre (sin orden judicial y sin testigos ajenos al lugar), el gobernador pidió al fiscal de Estado iniciar “procedimientos administrativos que legalmente correspondan”, en relación a un sumario interno.

Sin embargo, siempre según el texto oficial, “con posterioridad al mencionado acto administrativo, pero en relación a la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación”.

“Que el estado actual de la investigación -de acuerdo a los mencionados trascendidos periodísticos- hace oportuno instruir nuevamente al Fiscal de Estado -órgano que constitucionalmente tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los Tribunales de Justicia- a que se presente en nombre y representación de ésta como querellante en la Investigación Penal Preparatoria”, sigue el texto.

La medida del Ejecutivo se explica en que “se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública” y sostiene “el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”.

Si bien en un primer momento se denunciaron tareas de espionaje y armado de "carpetas", luego esa acusación no realizada de forma oficial señaló la existencia de perfiles de personas sin una causa judicial que lo amerite. Los abogados de los sospechados respondieron que esas prácticas son habituales en "la investigación criminal" pero como los fiscales no realizaron las imputaciones todo el intercambio fue mediático y no institucional, al menos hasta ahora.