Andrés Pillín Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central, salió ayer en libertad condicional luego de permanecer ocho meses detenido cumpliendo una condena por amenazas y extorsión a un ex empleado del club de Arroyito. El hincha canalla abandonó alrededor de las 14 la Unidad de Detención Nº 3, de Riccheri y Zeballos, y sólo deberá respetar una serie de restricciones que impone el Código Penal para cualquier persona que acceda a ese beneficio como no beber alcohol, no salir del país y presentarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, y que no restringen la posibilidad de concurrir a un estadio de fútbol.

   Bracamonte había sido condenado a dos años de prisión efectiva, pero pudo acceder a la libertad condicional porque un artículo del Código Penal establece que cuando la pena es menor atres años el imputado puede pedir ese beneficio al cumplir los ocho primeros meses de reclusión, siempre y cuando haya demostrado buena conducta.

   “Más allá de esta libertad, la causa judicial está abierta porque recurrimos en queja ante la Corte Suprema provincial. Creemos que no hubo pruebas que den certeza de que Bracamonte amenazó a esa persona. A nuestro cliente lo condenaron en base a la denuncia de la víctima, que él rechazó de plano. Es decir, era palabra contra palabra”, manifestó Adrián Martínez, uno de los defensores del barra.
   
El hecho por el que fue condenado el jefe de la barra canalla se inició el 28 de septiembre de 2007, cuando Central estaba intervenido judicialmente y la jueza a cargo del concurso de acreedores había nombrado un triunvirato para normalizar el club. Se había convocado a una asamblea general de socios para nombrar la junta electoral que llamaría a elecciones. El requisito para participar era tener las cuotas societarias al día.

   Pablo Ismael García trabajaba en el sector informático del club. El ex empleado denunció que Bracamonte le exigió que le imprimiera las cuotas societarias del mes de septiembre de los socios que no estaban al día en la filial de Granadero Baigorria, a lo que el empleado se negó. Tras ello, según el expediente, Pillín lo amenazó y eso lo llevó a ceder. García reconoció que ese día, fuera del horario laboral, imprimió los talonarios de cuotas pagas y se los entregó.

   Bracamonte negó de plano la acusación, pero en diciembre de 2009 la jueza de Sentencia Carina Lurati lo condenó a 2 años de prisión efectiva. Para la magistrada no hubo dudas de que Pillín amenazó a García.