Tres policías quedaron presos por integrar una banda delictiva
Están sospechados de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos en Frontera y Josefina. La Fiscalía les atribuyó 13 hechos y la jueza del caso ordenó que queden en prisión preventiva.
Tres policías de la provincia de Santa Fe quedaron en prisión preventiva por integrar una asociación ilícita que cometía hechos delictivos en las localidades de Frontera y Josefina. La fiscal Gabriela Lema encabeza la investigación y fue quien solicitó la medida cautelar, la cual fue dispuesta por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia realizada este martes en los tribunales de la ciudad de Rafaela.
Los imputados son un subcomisario de 43 años, cuyas iniciales son GEE, y una subinspectora de 32, de iniciales MSA, que son investigados como jefes de la organización. En tanto, hay un tercer hombre que también fue imputado por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro. Se trata del oficial de policía JHEV de 27 años.
La funcionaria del MPA informó que a los tres policías se les atribuyeron 13 hechos cometidos en el marco del ejercicio abusivo de sus funciones como integrantes de la policía de la provincia. En tal sentido, añadió que “los delitos ocurrieron de forma habitual y continua y se dieron en el contexto de una asociación ilícita que también integraban otros miembros de la fuerza policial”.
Asociación ilícita
“Los delitos que investigamos fueron cometidos en un período comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de este año en las localidades de Frontera y Josefina”, precisó Lema y agregó que “si bien se registraron alternancias temporales en las que hubo menor actividad, no se interrumpió la permanencia de la organización como asociación ilícita”.
Acerca del funcionamiento de la asociación ilícita, Lema explicó que “sus integrantes asumieron roles en el marco de una estructura jerárquica interna en la que había distintos niveles de responsabilidad”. Al respecto, sostuvo que “cada uno realizaba aportes en forma individual o grupal para que la organización pudiera sacar provecho económico con su actividad y mantenerse en el tiempo”.
Sobre las actividades delictivas que llevaban adelante los imputados, la fiscal relató que “dentro de las más habituales que cometían, se destaca la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz”. Al respecto, indicó que “los policías brindaban datos falsos sobre distintos hechos delictivos y omitían realizar las comunicaciones oportunas a los fiscales de turno del MPA”.
Por otra parte, la fiscal también refirió que “los investigados defraudaron al Estado provincial mediante la prestación de servicios de custodias policiales en los que no cumplían con las reglamentaciones administrativas y legales establecidas para la contratación del servicio”. En la misma línea, agregó que “recibieron dádivas con la finalidad de obtener beneficios que luego se repartían entre los miembros de la asociación”.
Delitos
Sobre los delitos atribuidos, Lema precisó que “MSA y JMEV son investigados como coautores del delito de privación ilegal de la libertad por abuso funcional”. La fiscal explicó que “a ambos también se les atribuyó el delito de falsedad ideológica de instrumento público calificada, a MSA por cuatro hechos y a JMEV por uno”.
Por otra parte, la funcionaria del MPA indicó que “la subinspectora también es investigada por los delitos de encubrimiento agravado y de secuestro coactivo agravado”. Sostuvo que “se le endilgó la coautoría del delito de usurpación de funciones y defraudación a la administración pública” y aclaró que “por este último delito, también fue imputado GEE”.
Además, Lema se refirió a otro de los delitos atribuidos a JMEV y a GEE y precisó que “se los investiga por apremios ilegales y vejaciones y privación ilegítima de la libertad”. En cuanto a GEE, manifestó que “además se le atribuyeron los delitos de encubrimiento agravado; lesiones graves en accidentes de tránsito; recepción de dádivas; exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público; omisión de hacer cesar las detenciones ilegales; amenazas; y falsedad ideológica de instrumento público”.