U juez de la ciudad de Santa Fe, Jorge Patrizi ordenó en el mediodía de este jueves levantar el secreto del expediente por presunto espionaje ilegal que involucra a varios ex funcionarios santafesinos del Ministerio de Seguridad, entre ellos al ex ministro de la cartera Marcelo Sain.

De esta manera, las defensas de las personas bajo sospecha podrán acceder a la información de la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

La resolución sostiene que “no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.

La decisión tuvo lugar por una presentación que hizo Hernán Martínez, abogado del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, una de las personas bajo investigación por presunto espionaje ilegal.

La semana pasada los fiscales Hernández y Jiménez pidieron la duplicidad de plazos en la investigación y la jueza Rosana Carrara hizo lugar. Esto significa que los fiscales ahora cuentan con más tiempo para recolectar evidencia para luego volcarla a la audiencia imputativa, que se estima que ocurrirá entre finales de febrero e inicios de marzo.

La causa tomó estado público en noviembre pasado, cuando se hicieron procedimientos del Organismo de Investigaciones (OI) en las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.

Después de esos operativos renunciaron a sus cargos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el subsecretario de Prevención y Control Urbano, Alberto Mongia; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez;, el subsecretario de Control, Diego Rodríguez; los asistentes técnicos, Nadia Schujman y Ramiro Cortese; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; y la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini.

También salieron a la luz nombres “fichados” desde el Ministerio de Seguridad, que formarían parte de la prueba para los fiscales. Entre los datos obtenidos aparentemente de forma ilegal se detectaron consultas en bases de información sobre dirigentes políticos, de medios de comunicación, empresarios de la salud, de la industria y del Poder Judicial, entre otros.

También en la jornada de ayer, el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, confirmó que recibió una notificación de parte de los fiscales de la causa, confirmando que fue "uno de los espiados".