El presidente Alberto Fernández negó rotundamente que durante su gestión como jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se le hubieran asignado fondos para obra pública “de manera desproporcionada” a la provincia de Santa Cruz.

“No, definitivamente no”, respondió el jefe de Estado ante una pregunta del defensor de Cristina Fernández de Kirchner, el penalista Alberto Beraldi.

Alberto Fernández declara como testigo en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta.

El jefe del Estado negó haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o al empresario Lázaro Báez.

“No, definitivamente no”, repitió.

Alberto Fernández estuvo solo, con los jueces y funcionarios judiciales pero sin público ni las partes durante la audiencia.

Los abogados que representaron a las partes y la fiscalía asistieron a la audiencia a través de la plataforma informática Zoom.

Sobre la adjudicación de fondos para la obra pública, Alberto Fernández consideró que se trata de “una decisión de carácter político no judiciable”, en consecuencia ajeno a la evaluación por un tribunal.

“Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio”, resumió.

El interrogatorio más incisivo fue el del fiscal Diego Luciani, quien se enfocó en cómo se decidía la asignación de recursos en la ley de presupuesto y, especialmente, si “el Presidente de la Nación instruía sobre adónde mandar recursos”.

“Una vez que uno tiene el presupuesto aprobado maneja su presupuesto. No recurre más a un Presidente”, respondió el jefe del Estado.

Luciani machacó sobre el particular y una y otra vez Fernández explicó técnicamente cómo se confecciona el proyecto de ley de Presupuesto, y lo dificultosa que resulta luego la aprobación tras el trámite parlamentario.

“El Presupuesto no es la decisión de un presidente”, explicó Fernández, tras describir todas las áreas que intervienen en su confección”.

El tribunal intervino para aplacar los ánimos y de inmediato Fernández aclaró: “no tuve ninguna intención de faltarle el respeto al señor fiscal” y se disculpó por si su expresión había sonado “despectiva”.

Luciani apuntó a si como jefe de Gabinete había tenido alguna relación especial con el entonces ministro de Planificación Julio De Vido.

Fernández reconoció que tenía una relación con De Vido porque “era el ministro del área funcional”.

Pero subrayó: “No tuve ningún vínculo especial con Planificación para elaborar el presupuesto, pero tampoco lo tuve con ningún Ministerio”.

“Hay una suerte de fantasía de que se juntaban dos o tres personas y decían ‘mandémosle plata a alguien’. Eso en los hechos es imposible que ocurra. Eso es lo que más me llama la atención de este juicio. Cuando vi el decreto de procesamiento de Cristina fue lo que más me llamó la atención”, subrayó.

Por momentos más político que jurídico, el interrogatorio al presidente discurrió por cuestiones vinculadas con la inversión en obra pública.

“La inversión pública es muy importante para movilizar la economía. Hay un principio rector, que son cuestiones de naturaleza política. Otros creen que es mejor que las casas las hagan los privados y las financien los bancos privados. Nosotros creemos que el Estado debe estar presente. Y los criterios son criterios de necesidad”, explicó el Presidente.

En ese sentido, graficó que “hace poco más de un año un terremoto en San Juan destruyó un montón de viviendas. Nuestra decisión fue la construcción de unas mil viviendas en San Juan. Esa era una necesidad”.

En lo específico, subrayó que “en 2003 toda la Patagonia tenía un nivel de infradesarrollo descomunal. Hubo mucha obra para levantar la infraestructura de la Patagonia”.