El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe prohibió el uso de teléfonos celulares para dos reclusos de cárceles por alto riesgo criminológico. El juez hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Jorge Gustavo Onel, que a mediados de la semana pasada había presentado un dictamen solicitando esta medida dado que se trata de dos personas detenidas por narcotráfico que cometieron delitos mediante el uso de celulares desde las unidades penitenciarias donde se encontraban alojadas. Luego de la medida, se incautaron tres teléfonos móviles en las celdas de esos imputados.

Si bien las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios se encuentran prohibidos tanto por la ley 24.660, la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas al verse prohibidas o restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica, según publicó el sitio web del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Así cobró fuerza la idea de que el uso de celulares coadyuvaba a mantener el vínculo de aquellos con sus grupos familiares y, de esta forma, contribuir al objetivo de resocialización al cual toda privación de libertad debe propender.

Los casos

Tras la intervención de la fiscalía se identificaron dos casos de reclusos de algo riesgo criminológico que utilizaban dispositivos móviles para cometer delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En el primer caso, Juan Pablo Calderón fue imputado en una causa que se encuentra elevada a juicio por almacenar 192 kilos de marihuana, junto a otras dos personas. De acuerdo a las escuchas valoradas en la causa, ese recluso fue quien se ocupó de la adquisición y traslado de la sustancia estupefaciente al inmueble donde fue incautada.

Luego, mientras cumplía prisión preventiva y a partir del análisis del informe técnico del teléfono celular de su pareja, se acreditó que Juan Pablo Calderón, alias "Pato", poseía en el establecimiento carcelario de Coronda un teléfono que utilizaba para planificar, coordinar y controlar en el exterior actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, al menos desde octubre de 2021 hasta la fecha.

El segundo caso involucra a Vanesa Saravia, conocida como "Curandera", hospedada en el Instituto de Recuperación de Mujeres de Rosario. Allí se encuentra en cumplimiento de una condena firme por resultar organizadora de actividades destinadas al tráfico de estupefacientes junto con otras nueve personas, tras haber sido detenida el 7 de noviembre de 2019 en posesión de la cantidad de 147 kilogramos de clorhidrato de cocaína, seis automóviles, tres de ellos de alta gama, y grandes sumas de dinero tanto en pesos como en dólares.