La ciudadanía uruguaya otorgó este domingo un muy ajustado triunfo al Gobierno nacional en un referendo a favor de mantener vigentes decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou, quien cerca de la medianoche, en su primera aparición pública tras los resultados, consideró la consulta como "una etapa superada, una ley que queda firme".

La opción SÍ, a favor de derogar varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), alcanzó el 48,8% de los votos válidos, mientras que la papeleta del NO, para mantener la ley intacta, alcanzó el 49,9%, según números de la Corte Electoral con el 99% de las mesas escrutadas. En números brutos, son alrededor de 20.000 votos de diferencia.

En concreto, la postura oficial recibía además 1,32% de votos en blanco, que según las normas del referendo, al no apoyar la derogación implícitamente se pronunciaban por la vigencia de la ley. Con estos números, el NO superaba 51% del total de los sufragios.

"Una etapa superada, una ley que queda firme", dijo Lacalle Pou cerca de la medianoche del domingo en conferencia de prensa, reseñó la agencia de noticias AFP.

El mandatario saludó el resultado y aseguró que "puede haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay".

Al conocerse esos guarismos, cientos de partidarios del oficialismo salieron a las calles de Montevideo a celebrarlos y a concentrarse en la plaza Independencia, según los diarios montevideanos El Observador y El País.

El presidente del Frente Amplio -FA, opositor de izquierda-, Fernando Pereira, se negó en principio a reconocer la derrota y advirtió que "a esta hora no pueden decir que ganó el No", al pronunciar un discurso ante sus simpatizantes en la explanada de la intendencia de la capital.

Qué comprende la Ley de Urgente Consideración

La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.

Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", establece la figura de la "apariencia delictiva" y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que algunos sectores consideran que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.

Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.