El Gobierno italiano aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario la controvertida reforma de la Justicia, uno de los objetivos del Ejecutivo de Silvio Berlusconi y que llega tras el escándalo por el enjuiciamiento del mandatario por prostitución de menores y abuso de poder en el caso Ruby.

El texto, que irá acompañado de diez leyes de actuación, fue ratificado de manera unánime y comenzará ahora su tramitación en el Parlamento como diseño de ley constitucional. Para su inmediata entrada en vigor deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios en el Parlamento y, de no alcanzarse, podrá ser sometido a un referéndum.

Esta reforma llega en un momento difícil para Silvio Berlusconi, que se enfrenta a tres juicios y a una vista preliminar después de que el Tribunal Constitucional invalidara parcialmente en enero la ley del legítimo impedimento, a la que se había acogido en varias ocasiones para no acudir a declarar.

El ministro de Justicia, Angelino Alfano, precisó que las modificaciones introducidas en la legislación no se aplicarán a los procedimientos penales en curso. Berlusconi negó que se trate de una norma pensada en su beneficio, como critican varios sectores de la oposición, ni que el caso Ruby haya influido en ella.

"Esta vez me permitiré la satisfacción de acudir a los juicios. Destinaré los domingos a prepararlos y los lunes a acudir a los tribunales", dijo Berlusconi en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros retransmitida en directo por televisión.

Mañana se reanuda en Milán el proceso por el caso Mills, por supuesta corrupción en acto judicial; mientras que el próximo 6 de abril se celebra la primera audiencia del juicio por el caso Ruby, la joven marroquí que supuestamente mantuvo relaciones sexuales con Berlusconi cuando aún era menor de edad.

El mandatario dijo que pensaba realizar esta reforma desde que entró en política en 1994 y aseguró que se trata de "un texto de reforma completo, orgánico, claro y convincente", que vela por el "interés ciudadano".

Entre los puntos principales, se encuentran la separación de las carreras de jueces y fiscales, actualmente unidas, y la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos separados, uno para jueces y otro para fiscales, ambos presididos por el presidente de la República.
Así, se pretende "poner en el centro la igualdad entre acusación y defensa", explicó el ministro de Justicia.


Además, se establece la responsabilidad civil de los magistrados según el método ya existente para médicos y funcionarios, y la creación de una Alta Corte Disciplinaria para jueces y fiscales cuyos miembros serán la mitad magistrados y la otra mitad miembros elegidos por el Parlamento.

Uno de los puntos más controvertidos en el nuevo texto es la inapelabilidad de las sentencias de absolución en primer grado, que impedirá que un ciudadano que haya sido absuelto en primera instancia pueda volver a ser juzgado por el mismo delito.