El fiscal federal Ramiro González imputó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y a un conjunto de exfuncionarios del municipio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a cooperativas de trabajo. Según la denuncia, las entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, y la acusación señala que están relacionadas con exfuncionarios del Municipio de Quilmes.

El fiscal impulsó la acción penal y le pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo, subrogante del juzgado 12 que salió sorteado para tramitar la causa.

Además de Mendoza quedaron imputados Sebastián Raspa -exsubsecretario de Hábitat del municipio-, Martín Bordalejo -exfuncionario y abogado-, José Alejandro Scozzari -socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore-, Romina Cangelosi -empleada por la Municipalidad-, Alejandro Gandulfo -jefe de gabinete del municipio- y Cecilia Soler. -secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio-. Raspa renunció a su cargo apenas trascendieron estos hechos, con una carta que tildaba de falsa la información. Fue el primer coletazo tras la publicación de la información por parte del sitio El Disenso.

Una de las medidas solicitadas por González es una compulsa del padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para obtener información sobre la actividad y cooperativas que recibieron los fondos del municipio y que fueron cuestionadas en la denuncia.

La maniobra se completaría, según la denuncia penal, con el desvío de fondos a cuentas off shore en Miami. Por eso el fiscal pidió librar exhortos internacionales a la justicia con jurisdicción sobre la ciudad de Miami para obtener información sobre las cuentas y firmas mencionadas en la presentación.