Colombia celebra este domingo unas elecciones presidenciales que podrían impulsar un cambio de signo político histórico en la conducción de los destinos del país, ya que por primera vez la izquierda tiene posibilidades ciertas de llegar al poder de la mano de Gustavo Petro, favorito en las encuestas.

Entre las 8 y las 16 (10 y 18 de Argentina), cerca de 38 millones ciudadanos están habilitados para elegir en primera vuelta al sucesor de Iván Duque en 110.758 mesas ubicadas en 12.262 centros de votación en el país, aunque se estima que, como el sufragio no es obligatorio, serán unos 20 millones los que participarán de los comicios.

Si ningún candidato logra hacerse de la mitad más un voto, habrá una segunda vuelta entre el vencedor y el segundo el 19 de junio.

Petro, aspirante por una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas llamado Pacto Histórico, marcha a la cabeza con comodidad en todos los sondeos, pero difícilmente pueda evitar el balotaje.

El economista de 61 años, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, que no cuenta en general con el respaldo de los medios de comunicación dominantes en Colombia -de histórica relación con la derecha- propone un cambio radical a las y los colombianos "hacia la paz, la vida y la democracia" para dejar atrás "el hambre, la violencia y la muerte".

Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín de 47 años, peleaba en las últimas encuestas por el segundo puesto desde su candidatura por la coalición Equipo por Colombia (derecha) manteniendo férreamente su discurso de invitar a sus compatriotas "a un cambio, pero un cambio seguro", en alusión a la propuesta de Petro, a quien le asigna la intención de llevar al país a una situación como la de Venezuela.

"Fico" Gutiérrez, como se lo conoce popularmente, debe luchar en esta campaña con la idea de que, si bien no representa al oficialismo, es el candidato con más cercanía a la derecha gobernante, que en la figura de Duque exhibe muy pobres resultados en cuanto a la política socioeconómica, con una inflación creciente, en especial en lo que hace a los productos básicos.

El secretario general de la CGT y líder del paro nacional que sacudió al país el año pasado, Percy Oyola, dijo a Télam que siete millones de personas apenas acceden a dos alimentos diarios, otros tres a solo uno y varios cientos de miles a ninguno, con situaciones dramáticas en la Guajira (Caribe), donde se registraron muertes de niños por desnutrición.

En la lucha por el segundo puesto, y con un fuerte crecimiento en las últimas encuestas, está Rodolfo Hernández, ingeniero civil de 77 años, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga (norte) dice representar a la "antipolítica", es decir, una suerte de outsider que busca el voto de aquellas personas hartas de la clase política tradicional.

En ese contexto, Hernández ha declinado debatir con los demás postulantes en la última semana, como para acentuar su perfil y las diferencias con "los políticos de siempre".

Este desencanto parece reflejarse en las calles de Bogotá. "Está complicado", es la expresión que en su gran mayoría utilizaron ante Télam taxistas, empleados de hotel, mozos y ciudadanos de a pie cuando se les pregunta por quién van a votar.

En algunos casos mantienen el secreto o directamente confiesan que no lo han decidido -aunque sí dicen por quién no, y los señalados suelen ser Petro y Gutiérrez-, y otros confiesan que lo harán "por el ingeniero" con tono de desesperanza y dando a entender que llegaron a esa decisión por descarte.

El cuarto candidato presidencial con cierta presencia en el escenario electoral es Sergio Fajardo, de centro, representante de la coalición Centro Esperanza, que quedó en medio de la polarización entre la izquierda y las dos opciones de derecha y vio caer vertiginosamente sus apoyos en los sondeos, hasta quedar incluso por debajo del cinco por ciento.

Las elecciones están precedidas por diversas situaciones de conflicto, en un país que arrastra una lucha interna de 60 años (parcialmente resuelta con el acuerdo de paz con las ahora exFARC) y que cuenta en la actualidad con formaciones violentas, sea de la guerrilla, los paramilitares o las bandas narcotraficantes, que a menudo suelen fundirse en un solo grupo, de acuerdo con sus necesidades.

El clima de violencia llevó incluso a que Petro y Gutiérrez cruzaran denuncias acerca de que bandas de ese tipo están amenazando a los votantes de uno y otro en Cali y el Cauca, mientras la presencia del Estado en todos los casos parece ser una entelequia.

Además, diversos errores en el escrutinio detectados en marzo, cuando se realizó la elección parlamentaria, pusieron en alerta sobre todo a Petro y su compañera de fórmula, la afrodescendiente Francia Márquez, que reclamaron una auditoría externa técnica al software que se utiliza en el conteo, perteneciente a una empresa privada.

El viernes Petro hizo una denuncia política frente a observadores internacionales que llegaron al país para seguir de cerca el proceso, lamentando que el Gobierno de Duque no haya accedido al pedido.
 

Quien resulte el próximo ocupante de la Casa de Nariño deberá atender la grave situación alimentaria que atraviesa Colombia, con índices desoladores en un país en el que alrededor de 60% de sus habitantes no cuenta con un trabajo registrado.

Las penurias económicas originaron hace poco más de un año una ola de protestas inéditas a nivel nacional que fueron reprimidas por el Gobierno con un saldo de 80 muertos, de acuerdo con cifras de la organización Indepaz, que en su página web identifica a cada persona fallecida.

A pesar de que las organizaciones sociales, sindicales y campesinas que se nuclearon detrás de las masivas movilizaciones logaron llegar a precarios acuerdos con las autoridades nacionales, éstos nunca fueron cumplidos por el impopular Gobierno de Duque.
 

También quedará como prioritario en la agenda del próximo presidente el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, desechados en general por el actual Gobierno, y que, de empezar a implementarse, podrían evitar los asesinatos de exguerrilleros (hubo unos 300) y lideres sociales (1.300) ocurridos desde la rúbrica del pacto.

Pero además, la entrada en vigencia del acuerdo podría mejorar notablemente la situación del campesinado, ya que algunos de los puntos que quedan por aplicar son una reforma agraria y una política de sustitución de cultivos ilícitos, que beneficiaría la economía de las familias rurales.