Ante la presencia de no menos de 60 construcciones asentadas irregularmente en todo el borde costero del río Colastiné y sobre las defensas contra inundaciones, los concejales Chuchi Molina, Inés Larriera y Carlos Pereira (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto para conocer qué acciones realiza el Municipio para evitar nuevas usurpaciones; si existe un plan para la reubicación de las familias en zonas seguras, y si se autorizó a la EPE a dotar de energía eléctrica a toda la zona por fuera de las defensas, tal como ocurre actualmente.

“No queremos que la ciudad retroceda 15 años. No queremos la foto de reservorios y terraplenes ocupados, representando un riesgo inminente para esas familias y para toda la ciudad”, enfatizaron. También preocupa el crecimiento del asentamiento en playa Los Alisos, en El Pozo.

La presentación se enmarca ante el peligro que representa el asentamiento, en los últimos dos años, de unas 60 construcciones -en su mayoría precarias- en la zona de riesgo hídrico, que resultarán afectadas con cualquier crecida medianamente importante del río, y que terminará produciendo familias evacuadas, con los peligros que ello implica.
Dentro de este cuadro de situación, hay una cuestión todavía más preocupante: algunas de estas viviendas se encuentran emplazas sobre el propio talud con los riesgos que ella implica para la estabilidad del sistema de defensas, ya que pueden producir fisuras o cárcavas.

Algo que también llamó la atención de los concejales de Juntos por el Cambio es que la EPE realizó un tendido aéreo con postes y cableado para dotar de energía eléctrica a todo el sector. “La acción del ente provincial es grave, preocupante y peligroso. El Estado no puede avalar con estas acciones colocar a familias en situación de riesgo”, señalaron los concejales en el proyecto.

Los Alisos

También en la sesión de ayer se presentó el pedido de informes al Municipio en relación a la toma ilegal de terrenos en Barrio El Pozo, puntualmente la zona de la Playa Los Alisos, donde también se observa un constante crecimiento. En ese sentido, Chuchi Molina recordó que ya en junio de 2020 el exconcejal Carlos Suárez había realizado una presentación para conocer la situación jurídica de los terrenos usurpados, las actuaciones realizadas por la Municipalidad y qué acciones y medidas estaban planificadas.

“Se trata de una ocupación ilegal en condiciones de precariedad extrema y de alta conflictividad hacia el resto del barrio”, alertó.

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