Mientras la Justicia reúne evidencias para decidir si acusa a los iraníes de espionaje, Víctor Pérez Gómez, uno de los 19 tripulantes del avión varado en Ezeiza sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional, denunció penalmente al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, por haber sido el responsable de un “allanamiento ilegal” a la aeronave el viernes pasado, cuando el Boeing 747 llevaba cuatro días en el aeropuerto Ministro Pistarini, pero el caso todavía no se había judicializado.

Se trata de la primera declaración oficial que se conoce de uno de los protagonistas del escándalo que ya lleva más de una semana. Los 14 venezolanos y cinco iraníes esperan en un hotel de Canning una definición de la justicia y en las últimas horas lanzaron un contraataque.

En el escrito presentado por Pérez Gómez, detalla su versión de los hechos desde que el avión entró en la Argentina. Al mismo tiempo, el juez federal Federico Villena inspecciona las computadoras y teléfonos de los implicados y cruza bases de datos internacionales para determinar si efectivamente están vinculados con el terrorismo islámico.

Además de pasajero del avión de Emtrasur, Pérez Gómez es el gerente general de operaciones de esa compañía, que es parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y está sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. Como gerente general de operaciones es como se identifica Pérez Gómez en el escrito que presentó en el juzgado de Villena, en el que pidió ser querellante en la causa; es decir, ser reconocido por el juez como víctima.

El organismo que dirige Glinski, que depende jerárquicamente del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tuvo un rol crucial en el caso ya que el miércoles 8 de junio, cuando el Boeing volvió rechazado por Uruguay, lo sometió a un primer control exhaustivo. Pérez Gómez relata que además que ese miércoles la fuerza escoltó a los tripulantes hasta el hotel y que después los mantuvo bajo vigilancia. Dos días después, la PSA encabezó la nueva revisación, la señalada como “ilegal”.

Según fuentes de la PSA, la denuncia no tiene asidero. “Tenemos la posibilidad de revisar todos los vuelos no regulares y lo hacemos muy frecuentemente”, sostuvieron en la fuerza y relataron que estos controles se agudizaron después del caso de los hermanos Juliá, condenados por el contrabando de 944,5 kilos de cocaína a España en un vuelo privado.

La versión venezolana

“Nos llaman las autoridades del aeropuerto a través de nuestro encargado de handling que debíamos movilizar la nave hacia una posición remota, es decir lejana a la rampa de carga porque el aeropuerto necesitaba esa posición”, comienza en su denuncia Pérez Gómez, y cuenta que fueron dos técnicos de la empresa a Ezeiza.

Indicó que cuando pasaron Migraciones, los esperaba un micro con autoridades de la PSA para ir hasta el avión. “Al llegar al avión se encontraban más efectivos de la PSA, aproximadamente 60 personas. Allí, un funcionario líder de la operación perteneciente a la PSA con los perros antidrogas y antiexplosivos nos avisa que iban a entrar a la aeronave, instrucción que fue acatada, estando en conocimiento de su irregularidad, a fin de poner a disposición de las autoridades argentinas cualquier aspecto que sirva para aclarar el asunto que hoy nos motiva a querellar”.

“Los agentes no estaban identificados por lo cual no pudimos saber sus nombres; tampoco requirieron nuestro consentimiento para realizar tal inspección”, agrega en el escrito.

Y continúa: “Compulsivamente suben a la aeronave, entrando por la puerta delantera izquierda y comienzan a desplegar una exhaustiva requisa con gran nivel de detalle sobre todos los espacios disponibles de la nave e incluso los efectos personales de la tripulación que habían quedado allí. Se quitaron paneles, se chequearon galley, trolley, hornos, etc, sin dar ningún tipo de fundamento ni exhibir documentación alguna. Al cabo de una hora y media culminó la inspección sin ningún tipo de novedad”.