En diálogo con LT10, Dora Benito, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, expresó que “el 15 de marzo presentamos una medida de inconstitucionalidad y una medida cautelar ante el juzgado Federal nº1 de la ciudad. A nosotros nos afecta la resolución nº 25 de la Unidad de Información Financiera (entidad dependiente del ministerio de Justicia de la Nación). Esta es sólo una de una batería de resoluciones que la UIF vino dictando desde enero, como consecuencia de la auditoría del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta auditoría detectó que la Argentina no cumple con la mayoría de las premisas en la lucha contra el lavado de activos”.

Consultada sobre si el amparo se presenta por qué la medida obliga a los contadores a denunciar si alguien no blanquea una operación, Dora Benito sostuvo que “nos exigen una serie de procedimientos y nos impone obligaciones que nosotros entendemos que exceden nuestras incumbencias y responsabilidad. Detectar, prevenir y denunciar hechos de lavado de dinero corresponde al Estado Nacional. Nosotros no tenemos formación universitaria para detectar y prevenir delitos financieros”.

En este sentido, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe subrayó que “nuestra institución y el Colegio de Graduados tiene la intención de prestar toda la colaboración para combatir estos delitos. Pero nosotros no podemos prevenir o detectar omisiones. Para nosotros es muy difícil detectar si el cliente tiene propiedades en otras provincias o países o acciones que no quiere declarar. Estas exigencias exceden nuestras responsabilidades profesionales”.