La dirigente social jujeña Milagro Sala afrontará desde este jueves un nuevo juicio oral y público ante un tribunal provincial, acusada por su presunta participación en la sustracción de un expediente judicial en 2009.

El Tribunal Criminal número tres de Jujuy, integrado por María Margarita Nallar, Ana Carolina Pérez Rojas y Mario Puig, comenzará a juzgar a tres imputados: dos por la sustracción del documento y cohecho, y Sala como presunta “determinadora directa” de la sustracción.

Se trata de la desaparición del expediente judicial en el que tramitaba un episodio ocurrido en 2007 y conocido como “la balacera de Azopardo”, un enfrentamiento en el que resultó asesinado un joven.

En ese caso, finalmente hubo juicio oral y Sala estuvo acusada como “instigadora”, pero resultó absuelta en 2018 por el “beneficio de la duda”.

Lo que se comienza a juzgar ahora no es el homicidio (por el que hay un condenado a seis años de cárcel) sino la presunta determinación de Sala para que el ex empleado judicial Marcos Romero y el abogado Antonio Alberto Bellido sustrajeran el documento.

Una junta médica judicial determinó en la víspera que Sala está en condiciones de afrontar este nuevo proceso.

En cuanto a la causa, en 2012 todos los imputados fueron sobreseídos, pero en 2017 –cuando Sala ya llevaba poco menos de dos años presa por otros casos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había interesado ya por su situación- apareció un supuesto nuevo testigo, Alejandro “Pilo” Mancilla, quien había trabajado en el pasado en la agrupación Túpac Amaru.

Mancilla declaró que sabía que Sala había ordenado la sustracción y destrucción del expediente y con ese dato el fiscal Diego Cussel reabrió la investigación y la elevó a juicio.

La defensa de Sala sostiene que Mancilla es un testigo falso que en 2014 fue detenido e imputado, junto a otras personas, de secuestrar, torturar, vejar y abusar sexualmente mediante empalamiento a dos jóvenes y un menor durante 12 horas.

Según la defensa, Mancilla fue excarcelado justamente en 2017, tras dos años en prisión preventiva, y en ese contexto formuló las acusaciones contra Sala en este y en otros dos expedientes judiciales que aún no llegaron a juicio.