A pedido del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se reforzó la seguridad de los jueces del tribunal federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz. Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales.

Luego de que el fiscal Diego Luciani pidiese 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exmandataria, surgieron en la red social Twitter distintas publicaciones en las que buscaban averiguar datos personales de los jueces para ejercer algún tipo de presión social en sus domicilios.

Rosatti dispuso que la Cámara de Casación que se refuerce la custodia de los magistrados del tribunal oral federal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Casación, quien tiene bajo su ala la organización de los tribunales, tomó nota y ordenó a la Policía Federal a que incremente la custodia.

Preocupación

La alarma dentro de la Corte Suprema surgió a partir de un mensaje en Twitter  en el cual instaba a los manifestantes kirchneristas a indagar sobre los domicilios de los jueces y fiscales para ejercer presión en la causa. “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”, expresó un tuitero.