En un duro revés para Poder Judicial santafesino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ordenó revisar la condena a prisión perpetua impuesta a un albañil en base a una confesión policial que denunció haber firmado bajo tormentos. Hace más de una década que el tribunal internacional analiza el caso y ahora emitió su dictamen: concluyó que en el trámite judicial de la provincia se violentaron garantías, no se le permitió al imputado apelar la sentencia y no se investigaron los apremios físicos referidos por el acusado, que lleva 19 años preso.

En un extenso veredicto favorable al detenido, la Cidh recomendó al Estado argentino que adopte cuatro medidas a fin de reparar el daño y evitar que se repita. Con la aplicación de estas sugerencias el gobierno podría llegar a un acuerdo amistoso y evitar así una condena internacional por incumplimiento de pactos de derechos humanos.



Una sanción de ese tipo haría figurar a Argentina como un país donde se violan derechos de las personas y acarrearía perjuicios económicos para la Nación. Si bien las irregularidades se produjeron en el sistema judicial santafesino, comprometen al Estado nacional porque es quien responde ante el organismo. Más allá del caso puntual en análisis, el planteo entraña una crítica al sistema que derivó en la condena. El planteo que ahora resolvió la Cidh con un duro señalamiento a la Justicia santafesina fue presentado en 1998 por dos defensores públicos de Rosario. El entonces defensor de Cámaras Carlos Giandoménico y el defensor general Héctor Guido Ceconi acudieron al tribunal internacional tras obtener rechazos en la Corte santafesina y de la Nación. La denuncia fue respaldada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en 2004 el organismo la declaró admisible. Ahora emitió un "informe de fondo" con las conclusiones finales.

La escena fue vista desde una ventana por una vecina, que vio al atacante de perfil y a la distancia. La mujer colaboró para elaborar un fotofit del asesino. Por los rasgos del dibujo, un sargento de la zona lo identificó como Godoy, a quien le dicen Puchero y vivía a pocas cuadras del lugar. Lo detuvieron ocho días después del crimen. Pero no se encontró elemento alguno que lo ligara al caso: no había rastros del atacante, la sangre hallada en el lugar no se correspondía con la suya y la testigo no lo reconoció en rueda de personas.

Lo único decisivo en su contra fue su propia confesión, efectuada por escrito ante la policía la noche de su arresto y sin la presencia de un abogado.



El caso por el que fue condenado Godoy ocurrió la madrugada del 10 de febrero de 1992 en Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue Silvia Noemí Roldán, una chica de 19 años que volvía a su casa cuando fue abordada por un desconocido frente a una vivienda de Almafuerte 2832. El agresor intentó violarla y la golpeó en la cabeza con una piedra, con tanta fuerza que le provocó la muerte.


Al día siguiente, en Tribunales, volvió a admitir su participación ante un juez. Dijo que el contenido de su relato policial era correcto. Pero cuando supo que ese mismo día sería trasladado a otro penal pidió volver a declarar. Entonces negó todo, aseguró que era inocente y dijo que se había incriminado bajo tormentos. Finalmente en 1994, durante el gobierno de Carlos Reutemann, fue condenado en un juicio oral. Esa modalidad era por entonces excepcional y optativa, ya que regía el juicio escrito. El dictamen del proceso oral era inapelable porque el tribunal se integraba con jueces de la misma Cámara de Apelaciones en lo Penal. Los integrantes de la Sala II Carlos Serrano Brignardello, Patricio Lara y Ramón Ríos lo condenaron a prisión perpetua y a pagar 90 mil pesos de indemnización a los familiares de la víctima.El descargo desoído. "Me comí una paliza tremenda. La policía me fue a buscar a mi trabajo. Me dijeron que tenían testigos que me habían visto en un homicidio. Me llevaron a Seguridad Personal y me golpearon. Eran como seis. Me tuvieron colgado, esposado. Me tapaban la cabeza con una bolsa y me metían en el agua. Después me pusieron una lapicera en la mano y me dijeron «firmá»", contó Godoy en diciembre de 2000 en la cárcel de Coronda, donde llevaba ocho años preso con un concepto intachable.Diecinueve años después de aquella noche en Jefatura, la Comisión Interamericana consideró que no cuenta "con elementos suficientes para establecer si Godoy fue sometido a tratos crueles. Sin embargo, la falta de pruebas se debe a la falta de una investigación diligente por parte de las autoridades".

Omisiones. Para la organización es objetable, además, que no se haya citado en el juicio al sargento que creyó reconocer a Godoy en los trazos del fotofit. El acta policial que lo explica contiene pasajes casi cómicos: "Es en ese boceto donde el experimentado golpe de vista del sargento E., antiguo personal policial en la zona, profundo conocedor de sus habitantes, identifica con baquiana profesionalidad a Puchero Godoy". Ese fue, al fin y al cabo, el único elemento de sospecha que condujo al albañil.

Más grave aún fue, para la Cidh, que se le diera valor a una confesión atribuida a torturas "sin siquiera haber investigado los hechos". Esos hechos ocurrieron hace muchos años pero recién ahora, después de un largo reclamo que viajó de una punta a la otra del continente, la Justicia santafesina comenzará a revisar sus tropiezos.