El presidente Alberto Fernández afirmó que "el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial", fue en respuesta de manera oficial al procurador interino, Ricardo Casal. De estamanera Fernández hizo cuestionamientos sobre el jefe de los fiscales por su "doble vara" en distintos casos, al responder la nota de queja que Casal le envió esta semana tras sus dichos sobre Diego Luciani.

En la carta que envió a través del ministro de Justicia, Martín Soria, el Presidente sostuvo que "el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar".

En la carta oficial, el jefe de Estado responde:"En su nota, el Señor Procurador Adjunto considera que constituyen una ´perturbación´ al ejercicio de las funciones de un fiscal, las expresiones que he realizado en una entrevista brindada al canal Todo Noticias, donde hice referencia a la existencia de una ´persecución judicial y mediática´ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso", explicó el Presidente.

El presidente continuó: "No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática. En efecto, solo hace falta observar con detenimiento lo que ha sucedido en el hermano país de Brasil, donde el dirigente político Inácio Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales. Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular".