Una nueva interna estalló en el Gobierno, esta vez como consecuencia del desalojo de miembros de una comunidad mapuche en Villa Mascardi realizado por fuerzas federales, ya que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad advirtió que en el procedimiento policial hubo "graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas".

La titular de la cartera feminista, Elizabeth Gómez Alcorta, se encuentra siguiendo el caso junto a sus colaboradoras con el objetivo de intervenir "activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte".

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un escrito en la causa para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada y advirtió sobre las "graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas".

El pasado miércoles la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche se hizo presente en el hospital y tomó intervención luego de que una de las mujeres tuviera que ser trasladada a un centro de salud por posible trabajo de parto y ante la negativa de que pudiera estar acompañada tal como prevé la ley de parto humanizado.

"La funcionaria del MMGyD también se encuentra coordinando el trabajo con el equipo del programa de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación", señalaron fuentes oficiales.

La subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género del MMGyD, Carolina Varsky, y la directora Nacional de Acceso a la Justicia, Florencia Sotelo, pretendían acercarse hasta el Complejo Penitenciario Federal de  Ezeiza "para tomar contacto con las mujeres detenidas, conocer su situación y evaluar cursos de acción".

Asimismo, desde la cartera se indicó que presentarán este jueves un nuevo escrito judicial para manifestar "la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos López contra el Estado argentino del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia".

En declaraciones radiales, Gómez Alcorta alertó que "la situación es sumamente preocupante". "Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta", agregó.

Y subrayó: "Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho".