El jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la embestida judicial contra la ministro de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, por ordenar la quita de custodias de la Policía Federal de los edificios públicos porteños, como hospitales y escuelas.

"Vamos a denunciar a Garré por incumplimiento de sus deberes como funcionaria", manifestó Larreta este miércoles en declaraciones radiales.

"Están incumpliendo el contrato. La propia ministra Garré dijo ayer que era no era un problema de plata. Montenegro estuvo con Garré hace tres semanas y no le dijo nada, nadie nos avisó de este tema. Al mediodía recibimos una carta del jefe de la Policía Federal diciendo que cortaban el contrato el 6 de mayo, hoy los policías no están, ninguno", aseveró.

El contrato al que refiere Larreta es el "Convenio entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina para la prestación de servicios de Policía Adicional". Según la notificación que le envió este martes el jefe de la fuerza, Enrique Capdevilla, al gobierno porteño, la cláusula décima de ese acuerdo firmado el 6 de septiembre de 2006 establece que la rescisión del convenio se debe informar con 30 días de antelación. Para ver la nota oficial de la PFA haga click aquí.

Garré expresó públicamente que si bien existe una deuda de 27,1 millones de pesos en concepto de adicionales no pagados, el motivo del retiro de policías es para derivarlos a comisarías y patrullaje callejaros. En la carta de Capdevilla a Macri se aclara que esos efectivos se utilizarán para "incrementar la presencia policial en la vía pública".

Sin embargo, Rodríguez Larreta sostuvo y pidió que el Gobierno nacional "recapacite" y que de marcha atrás con el anuncio. "La decisión de Garré está avalada por la Presidenta de la Nación. Tiene que volver a la Policía Federal. La policía debe volver a cuidar los lugares más sensibles", concluyó.

Para el Gobierno porteño, la deuda por los servicios de los 1.200 uniformados sólo ascendía a $ 20,5 millones y consideraron usual la mora en ese tipo de pagos. La resolución de la Nación afecta a 114 puntos de la Ciudad, entre ellos hospitales, algunas escuelas y otros edificios públicos como la oficina de Rentas y la Contaduría.

En tanto, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sostuvo que la decisión de trasladar las guardias policiales a la vía pública es "una medida política para complicar la gestión" de Macri. El ex juez federal se mostró ilusionado en mantener un diálogo con Garré para analizar la situación. Según dijo, "hace dos meses" que no se encuentra cara a cara con un funcionario nacional. La última vez ocurrió en el marco de la toma del Parque Indoamericano.