La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, decidió dar un salto hacia adelante y diferenciarse de su antecesor, Juan Zabaleta, después de las revelaciones que realizó el medio Infobae sobre el cobro irregular de más de 250 mil planes Potenciar Trabajo, en tal sentido obligará a que los beneficiarios (1.383.279 personas en total) realicen una “autogestión de validación de identidad” y respondan una encuesta. Quienes no lo hagan hasta el 5 de enero, serán dados de baja de manera automática.

La decisión, adelantaron colaboradores de Tolosa Paz, viene de la mano de una segunda iniciativa: dar por terminada la promocionada “auditoría presencial” sobre el programa Potenciar Trabajo, que con bombos y platillos había anunciado su antecesor y que quedó en mano de estudiantes de universidades nacionales que habían sido capacitados para esa tarea. No iban solos, estaban acompañados por integrantes de los movimientos sociales de los cuales dependían las Unidades de Gestión, en su mayoría cooperativas de la economía popular que pertenecen a las mismas organizaciones.

El anuncio de esta auditoría por parte de Zabaleta llegó después de las criticas de Cristina Fernández de Kirchner sobre la política social, por haber quedado en manos de los movimientos populares vinculados al Frente de Todos como el Evita. La ex mandataria reclamó volver a tomar el control de los planes sociales.

La Vicepresidenta apuntaba a Emilio Pérsico uno de los lideres de esa organización y secretario de Economía Social. De esa área depende el programa Potenciar Trabajo ahora bajo sospecha y revisión.

La medida sobre el cambio de modalidad de auditoría, o censo, fue consensuada con los principales dirigentes sociales enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular.