En el informe mundial sobre Derechos Humanos que emite de forma anual el Gobierno de EEUU, cuestionó la falta de independencia del sistema judicial en el país y también una serie de abusos perpetrados por las fuerzas policiales, como muertes, maltratos y denuncias de tortura. También describió distintos problemas que atraviesan los demás países de la región, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El informe destaca que las elecciones presidenciales del 2007, fueron "en general libres y limpias" pero apunta, sin embargo, que "las fuerzas de seguridad, ocasionalmente, han actuado independientes del control civil".

La lista de abusos que el Departamento de Estado encontró el año pasado en el país va desde muertes y maltratos a manos de las fuerzas policiales, al abuso y tortura de sospechosos por parte de la policía y de los presos por parte del personal de cárceles.

"Hay condiciones de hacinamiento en las prisiones, ocurren ocasionalmente arrestos arbitrarios, la detención previa al juicio puede ser prolongada, y persisten las preocupaciones acerca de la eficacia e independencia del sistema judicial", añadió el informe.

Según el documento estadounidense, en el país hay corrupción de funcionarios, violencia contra las mujeres, abuso de menores, tráfico de personas para la explotación laboral y sexual y, según el Departamento de Estado "el Gobierno (argentino) o sus agentes no cometieron asesinatos por motivos políticos, pero hubo informes de muertes debidas al uso policial de fuerza excesiva".

En cuanto a la situación de los demás países de la región, el informe del Departamento de Estado remarcó que en Brasil hubo abusos, torturas, maltrato de los presos, trabajo forzado y empleo de niños en la economía informal, y a menudo los responsables "gozan de inmunidad".

La lista continuó mencionando "la renuencia a procesar y la ineficacia en el enjuiciamiento de los funcionarios gubernamentales (acusados de) corrupción; la violencia y la discriminación contra las mujeres, (y) la violencia contra los niños, incluido el abuso sexual".

En cuanto a la situación en Chile, el informe destaca que las fuerzas de seguridad están subordinadas a las autoridades civiles. Sin embargo, señaló que hubo "informes aislados de uso excesivo de fuerza y maltratos por parte de las fuerzas policiales, abuso físico en las cárceles y prisiones y condiciones de encarcelamiento que son, en general, deficientes".

"El Gobierno, en general, tomó medidas para investigar los casos y castigar a los abusadores", añadió el documento.