El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció sorpresivamente el miércoles la disolución temporal del Congreso, cuando quedaban pocas horas para que enfrentara un tercer intento de destitución promovido por legisladores de la oposición, que calificaron la decisión como un golpe de Estado.

Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, advirtió que se establecería un gobierno de "excepción", al tiempo que convocará en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

El presidente anunció asimismo la reorganización del Poder Judicial, la fiscalía y el Tribunal Constitucional, y refirió que durante el periodo de "interregno" por el cierre del Congreso se respetará el actual modelo económico del país.

Además de la renuncia de dos ministros y las fuertes críticas de la oposición, la decisión fue rechazada por la vicepresidenta Dina Boluarte: "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", expresó en su cuenta de Twitter.

Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.

Aún no estaba claro, ante las versiones contrapuestas del presidente y la oposición, si el mandatario estaba facultado por ley a ordenar el cierre del Congreso.

"En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia", dijo Castillo en un discurso.

Castillo declaró un toque de queda a nivel nacional desde las 22.00 hora local (0300 GMT del jueves) hasta la madrugada del día siguiente y pidió a los que poseen armas ilegales las entreguen a la policía en un plazo de 72 horas, bajo pena de cárcel si no lo hacen.

Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un "golpe de Estado" e hicieron llamados a las fuerzas armadas para "restablecer el orden constitucional".

La fiscalía general declaró que Castillo violó la Constitución, ya que no se cumplía la norma legal para decretar el cierre del Poder Legislativo.

Castillo había sido convocado al Congreso unicameral a las 15.00 horas local (2000 GMT) para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción. El Congreso dijo que seguirá adelante con el debate de juicio político.

Para expulsar a Castillo se necesitan 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso. La tercera moción de "vacancia presidencial" fue aprobada la semana pasada con 73 votos, la mayoría de partidos de derecha.

Tras la decisión de Castillo, los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores anunciaron su renuncia por Twitter. "En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso (...) violando la Constitución", afirmó el ahora excanciller César Landa.

"Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al re-encausamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo", agregó.