Uno de los mayores fraudes económicos de la historia de la provincia es la que ocurrió justamente con su banco. Se otorgaron créditos a personas que no tenían capacidad financiera para afrontarlos lo que derivó en que se transformaran en incobrables. Se hicieron traspasos injustificados de fondos de la entidad al gobierno de la provincia. Y hubo circunstancias que terminaron en un golpe de gracia que implicó la quiebra del banco. El total del perjuicio estimado fue de 500 millones de dólares.

Ahora un miembro del Colegio de Jueces de Santa Fe, Jorge Andrés, declaró la nulidad de la prescripción de la causa lo que significa dar aval para que el incidente se siga investigando y que eventualmente reciban sanción las personas que puedan ser halladas culpables. Pasaron 31 años y tres meses desde que los responsables de la conducción del Banco de entonces quedaron por primera vez sometidos a proceso. Pero la causa nunca avanzó.

La declaración de nulidad de la prescripción es consecuencia de un planteo que la fiscal de delitos complejos de Santa Fe Mariela Jimenez elevó en agosto del año pasado para señalar la magnitud del delito y la necesidad de que se esclarezca por vías institucionales la forma en que se cometió. Veinte días antes un juez había dictaminado que la causa penal está prescripta. La funcionaria sostuvo que las valoraciones de ese magistrado contienen muchas inconsistencias. Y que hay razones jurídicas e históricas para que la causa siga viva.

La funcionaria hablaba de uno de los mayores delitos de guante blanco cometidos en la historia de Santa Fe. El deliberado vaciamiento de su banco con maniobras que supusieron beneficios para los integrantes de los directorios de la entidad. Eso fue explicado en la denuncia que integrantes de la comisión gremial interna del Banco Provincial de Santa Fe presentaron el 27 de agosto de 1990 ante el Juzgado Federal 2 de Santa Fe. En ella ponían en conocimiento que el banco había otorgado préstamos de altísimo riesgo y sin justificativos razonables por 500 millones de dólares por un lado y por el otro se habían transferido recursos del banco hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Uno de los detalles más asombrosos es que el juez Pablo Busaniche, que a fines de agosto declaró que la causa del vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe está prescripta, es hijo de uno de los principales deudores de la entidad financiera. El juez Andrés se refirió a ese aspecto para señalar que la causa debía permanecer bajo revisión y sin cerrar. Se detiene en la posible parcialidad del juzgador señalada por los fiscales: el padre del juez que cerró el trámite era integrante de la sociedad Piedras Blancas SRL, una de las 30 mayores deudoras del banco, y se probó que esa persona fue beneficiaria de créditos otorgados por el Banco de Santa Fe y que los mismos no fueron pagados entrando a la cartera morosa de la entidad. "Esta situación no era desconocida para el magistrado", dice el juez Andrés.

El pronunciamiento del juez Andrés declara la nulidad de la resolución del 18 de agosto de 2021 por verse agravada la garantía de imparcialidad del juez y pide que se renueve el acto con una audiencia nueva.