Londres) - Los sindicatos británicos esperan que hasta dos millones de trabajadores del sector público  secunden la huelga convocada el miércoles para protestar contra  una polémica reforma de las pensiones que les haría "trabajar más  y recibir menos".

La huelga, que según el gobierno podría costar 500 millones de  libras a la maltrecha economía británica y destruir empleos,  afectará principalmente a las escuelas, aunque se prevén también  trastornos importantes en los aeropuertos.

El operador de Heathrow, primero del mundo por tráfico  internacional, pidió a las aerolíneas que reduzcan de hasta "50%"  el número de pasajeros de sus vuelos con llegada prevista el
miércoles, para prevenir un eventual caos.

En caso contrario, BAA auguró esperas de hasta 12 horas para  pasar el control de pasaportes y, por consiguiente, "anulaciones  masivas" de salidas.

Para paliar esta situación, el gobierno británico reclutó  voluntarios entre sus funcionarios para reemplazar a los hasta  18.000 agentes de inmigración que podrían no presentarse en sus  puestos, y no descartó recurrir al ejército en caso de necesidad.

"La seguridad de las fronteras británicas sigue siendo nuestra  prioridad principal. Los planes de contingencia están listos y  estamos satisfechos de que se mantendrá la seguridad", declaró el  viceministro de Interior, Oliver Henley, en una comparecencia en
la Cámara de los Comunes.

El paro, que podría afectar igualmente a la sanidad, los  transportes, los juzgados y hasta los museos, cuenta con el  respaldo de unas 30 organizaciones sindicales, incluidas la
principal de trabajadores del sector público, Unison, y la mayor  del país, Unite.

Los sindicatos presentan esta huelga como la más importante  desde las celebradas en el Reino Unido en 1979 durante el  llamado "invierno del descontento", meses antes de las elecciones  que llevaron a la "Dama de Hierro" Margaret Thatcher a Downing  Street.

En enero de ese año, 1,5 millones de empleados del sector  público dejaron de trabajar en rechazo a las medidas del entonces  gobierno laborista de James Callaghan para controlar la inflación.

El primer ministro David Cameron calificó de "tragedia" esta  huelga, sobre todo -dijo- cuando el gobierno ha puesto una  oferta "sumamente razonable" sobre la mesa de los sindicatos, que  oficialmente continúan negociando.

Si se adopta la reforma, incluida en el drástico plan de  ajuste gubernamental, las pensiones de los empleados del sector  público empezarán a calcularse en función del promedio de todos  los años trabajados --y no del último salario--, aumentarán las  contribuciones y se retrasará la edad de jubilación a 66 años en  2020, contra 60 actualmente para la mayoría.

"La mayoría de los trabajadores del sector público son mujeres  que tienen dificultades para pagar sus facturas y alimentar a sus  familias frente a una congelación de los salarios y una inflación  creciente", declaró el secretario general de Unison, Dave Prentis.

"Estos trabajadores no pueden permitirse pagar más y trabajar  más tiempo para recibir menos cuando se jubilen", agregó.

Varios cientos de miles de empleados del sector público  participaron ya el 30 de junio en una primera huelga nacional  contra esa reforma, que fue el parón más importante que enfrentó  el gobierno de Cameron desde su llegada al poder en mayo de 2010.

Pese a que esta nueva jornada de acción es rechazada por 49%  de los británicos -contra 41% que la respaldan, según un sondeo  del Sunday Times-, los sindicatos han amenazado ya con más  acciones en 2012 si no se resuelve la diputa.