El Gobierno no podrá utilizar reservas para continuar con el programa de recompra de deuda y deberá buscar mecanismos alternativos para su financiamiento.

Por otra parte, tendrá que avanzar en la implementación de alternativas que compensen el gasto adicional originado en la Ley de moratoria previsional.

Así quedó establecido en las nuevas pautas que el ministerio de Economía acordó con el staff técnico del FMI, que incluyen la recalibración de metas de reservas por efecto de la sequía.

Los nuevos parámetros se conocerán cuando el Directorio Ejecutivo del organismo apruebe el documento que ya avaló el staff técnico en el transcurso de las próximas semanas.

En relación con las reservas, fuentes de Economía indicaron que se realizará un ajuste muy significativo en el primer trimestre, como consecuencia de los efectos de la sequía y la sensible merma de liquidación de divisas por parte del agro. De esta manera, la meta a marzo se reduce en US$ 3.000 millones y la anual en US$2.000 millones.

En esta línea, aseguraron que “el compromiso fue no usar reservas para intervenir en los mercados paralelos, ya que la idea es preservarlas”.

Además, indicaron que en el documento del FMI se dispuso una cláusula para seguir monitoreando el impacto de los efectos externos.

Asimismo, destacaron que la Ley de Plan de Pagos Previsional, requirió la realización de nuevas proyecciones, dado que no estaba prevista en las metas originales. Al respecto, el FMI señaló la importancia de que sea justa, orientada a los más vulnerables y sin desborde de gasto y aseguraron que este gasto adicional, deberá ser compensado con otras alternativas.

Por otra parte, el planteo del FMI respecto a las tarifas energéticas se relaciona con la contradicción que se desprende que los sectores populares financien las tarifas con impuestos a los sectores con mayores ingresos. En este sentido, el organismo solicitó que se acelere la segmentación tarifaria.

“Hay gente que debería tener el subsidio, pero no se anotó en el RASE. Es por esto que se inició una campaña para que la gente se inscriba hasta mediados de abril”, aseguraron.

En relación a la política de financiamiento subrayaron que “el dato objetivo es que el sistema financiero le prestó al sector público argentino US$ 17.000”.

En el reporte acordado con el FMI, además, se sostuvo que se pueden implementar políticas más duras para mantener el target, pero “protegiendo la tasa de inversión en asistencia social, economía del conocimiento e infraestructura establecidas en el acuerdo original”, destacaron desde el Palacio de Hacienda.