La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reúne este martes para continuar con los testimonios de nuevos invitados a exponer ante ese grupo de trabajo parlamentario sobre el pedido de enjuiciamiento a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo y una docena de gobernadores.

En el encuentro no participa el fiscal Carlos Stornelli, quien había sido citado nuevamente luego de que no concurriera el martes pasado. Requerido en calidad de testigo, envió un oficio a la Procuración General de la Nación -interinamente a cargo de Eduardo Casal- en el que afirmó que se encuentra la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y afirmó que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día, según pudo reconstruir Télam.

Para sostener el nuevo faltazo, Stornelli se apoyó en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público Fiscal, que eximen a los fiscales de la obligación de comparecer cuando son convocados como testigos por un tribunal.

Mientras, desde la Congreso remarcan que esa exención -que sí corre para presidentes, gobernadores y vices- no está contemplada para casos como el suyo.

La decisión de Stornelli abrirá una nueva polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que respalda la posición del fiscal-, ya que desde el oficialismo se advirtió la semana pasada que si no se presenta impulsará un pedido de desafuero ante la Procuración General de la Nación para obligarlo a concurrir a exponer personalmente ante la comisión.

"Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública", aseguró la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT), en la última reunión del cuerpo al referirse a la situación del fiscal, a quien le rechazó el planteo para declarar por escrito.

Sin la presencia del fiscal, la comisión continúa con los testimonios de nuevos invitados a exponer ante ese grupo de trabajo parlamentario, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación), Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del Presidente de la Corte).

Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento esgrimido por el fiscal para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.

Por la comisión ya pasó el juez Sebastián Ramos, quien archivó la denuncia tras el pedido de Stornelli. Mientras el magistrado daba testimonio se conocieron, por una nueva filtración, conversaciones suyas con D'Alessandro.