El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, presidió la tercera reunión de la Mesa de Diálogo Permanente para la reforma procesal penal, constituida por distintas instituciones y poderes del Estado, en la que se trató la prórroga de la entrada en vigencia del nuevo sistema de enjuiciamientos penales. Ahora el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley que se basa en objetivos y no en plazos genéricos, como hasta ahora, de acuerdo a lo consensuado en este encuentro.



La reunión, de carácter público, se realizó en la casa de Gobierno de Santa Fe.



En la edición anterior cada una de las instituciones participantes se llevó un documento de trabajo sobre el tema. Hoy se volcaron todos los análisis y aportes al respecto y finalmente se aprobaron las bases para elaborar un proyecto de ley de prórroga de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal que se caracteriza por contemplar las distintas cuestiones que deben implementarse, quienes tienen que hacerse cargo de ello, así como los plazos para hacerlo, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La diferencia con las prórrogas anteriores es que en aquellas se consignaba un plazo común y general sin discriminar ni reseñar tareas.



Del encuentro participaron, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Roberto Falistocco y Daniel Erbetta; los secretarios general y ejecutivo del Sindicato Judicial, Juan Nucci y Juan Enrique Cisneros; el diputado provincial Raúl Lamberto; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal; el defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal, Gabriel Ganón; en representación del procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Miguel Ángel Molinari; en representación del Colegio de Abogados de Rosario, Raúl Superti; en representación del Colegio de Abogados de Santa Fe, Néstor Oroño; en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, Ariel Ariza, Sebastián Creus y Daniel Rucci, entre otros. Por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo hicieron Juan Lewis, subsecretario de Asuntos Penales; Víctor Moloeznik, director de Transformación del Sistema Procesal Penal; y María Cecilia Vranicich, directora de Control y Asistencia Pospenitenciaria.