Piden que presten declaración indagatoria Jorge Videla y Héctor Magnetto

El requerimiento fue elevado al juez federal Julián Ercolini, que lleva adelante la investigación sobre si se cometieron delitos de lesa humanidad en el marco de la compra de parte de Clarín y Nación de la empresa productora de papel.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió ayer al juez federal Julián Ercolini que "sin más trámite" cite a prestar declaración indagatoria como imputados al ex dictador Jorge Rafael Videla; su ministro de Economía, José Martínez de Hoz; la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa compañía, Héctor Magnetto, y Bartolomé Mitre, uno de los propietarios del diario La Nación, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación de Papel Prensa.

En su rol de querellante, la Secretaría pidió también la indagatoria de Raymundo Podestá, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos y Reinaldo Bandini.

El escrito, firmado por el secretario Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario de Protección, Luis Alén, acompaña un disco compacto con la totalidad de los documentos entregados al Archivo Nacional de la Memoria por Carlos Osorio, director de la organización estadounidense National Security Archives, encargada de la desclasificación de esos documentos.

"Los elementos ya acompañados a la causa, que motivaron que tanto la Fiscalía federal de La Plata, como el juez Arnaldo Corazza, luego el juez Daniel Rafecas y últimamente la Sala I de la Cámara Federal porteña coincidieran en el carácter de crímenes de lesa humanidad que corresponde a los hechos denunciados, cometidos en el marco del plan sistemático de la dictadura cívico militar, hacen necesario el llamado a indagatoria", rezó el escrito.

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como parte querellante en la causa denunciando que los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón "sostuvieron las posiciones de la Junta Militar genocida y sus funcionarios civiles, incluso desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976".

"Luego del golpe, apoyaron al Estado terrorista, con el que asociados ilícitamente se apropiaron de Prensa, utilizando amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones, en un proceso que continuó", señaló la Secretaría.

El comunicado consignó que ese proceso continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos, y el sometimiento a torturas "que en el caso de Jorge Rubinstein, le ocasionaron la muerte, luego con la formación de un Consejo de Guerra en su contra, la interdicción de sus bienes y la privación de sus derechos civiles, al incluirlos en las llamadas Actas de Responsabilidad Institucional".

La querella precisó que "de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relativos al Caso Graiver, surge que La Nación y Clarín se habían beneficiado fácilmente de la venta de la planta de papel de Graiver, a precios extraordinarios".

Luego, con la "puesta en marcha de la planta productora de papel para periódicos" los propietarios de Papel Prensa "sometieron al resto de los medios gráficos del país a través de la fijación del precio del insumo".

Señaló que en los documentos "se hace expresa mención al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios de comunicación, debido a la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel importado de un 10 por ciento a un 45 por ciento, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de la Argentina, Papel Prensa, de propiedad conjunta de los medios más ricos del país, Clarín, La Nación y La Razón, y el gobierno".

La querellante recalcó que, según un informe "los propietarios de otros medios temían que los costos adicionales del papel los harían caer, y también apuntaban el potencial de ataques manipulativos a la libertad de prensa si todos los periódicos eran forzados a confiar en una fuente monopólica para el papel".

El resto de los archivos entregados a la Justicia mencionan "a las violaciones de los derechos humanos que perpetraba el Estado, a la situación planteada con los integrantes del llamado Grupo Graiver y del periodista Jacobo Timerman, haciendo especial hincapié en el marcado antisemitismo que se desprendía de las acciones emprendidas contra los mencionados".