El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni definió como un "disparate" la llamada "ley antiterrorista" y consideró que la norma es "una extorsión" por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas", enfatizó Zaffaroni, quien consideró que "para nada" la Argentina necesita una norma como la que aprobó el Senado. El magistrado agregó: "el GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos".

"En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo", remarcó el juez de la Corte, luego de que la norma fuera aprobada en el
Senado por 39 votos a 22. Para Zaffaroni, el GAFI "nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes (las declaraciones del ministro de la corte fueron realizadas antes de sus aprobación), nos va a sancionar económicamente". "Este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte", se quejó.

RÉPLICA OFICIAL

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, rechazó los cuestionamientos a la "ley antiterrorista", señaló que "hay una intencionalidad de distorsionar" la norma aprobada por el Senado y negó que vaya a ser aplicada contra medios de prensa o protestas sociales. Randazzo también se refirió a las expresiones del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien calificó como un "disparate" la iniciativa antiterrorista, tras advertir que la norma es "una extorsión" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese sentido, el titular de la cartera política se limitó a indicar que "la ley es muy clara respecto al objetivo que persigue la ley".

"La ley es precisa y contundente respecto del ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la información. Mucho menos puede decirse que esto está vinculado a la protesta social", agregó. Además, insistió: "en este país cada uno dice lo que quiere sin ningún tipo de cortapisas". De inmediato, Randazzo dijo "creo que hay una intencionalidad de distorsionar el sentido de la ley, que de ninguna manera está vinculado a los derechos esenciales". Al respecto, consideró que en la ley "está explicitado que no comprende los derechos Constitucionales", y que no está vinculado "con la protesta social".