Desde la Cámara de la Construcción se presentó esta semana al gobierno provincial una nota para tratar el tema de actualización de números en relación al crecimiento de la inflación.

Plantearon los problemas que afectan a las empresas asociadas que ejecutan obras públicas. Por su gravedad y por sus inminentes efectos, decidieron emitir una declaración, para poner en conocimiento de las autoridades y ámbitos involucrados esas circunstancias.  

La nota será enviada a la ministra Silvina Frana sobre un tema que ya se viene trabajando y se enfoca en la falta de representatividad de los índices cuando se redeterminan los contratos o certificados de obra. 

En diálogo con LT10, Veronica Ezimendi explicó que "si bien la Ley de Redeterminación de la provincia tiene varios puntos, algunos se fueron cambiando pero, en este caso, lo que pedimos es que se cambie el mes de acción ya que siempre se hace desde el mes siguente en adelante. Lo que pedimos es que se haga el mismo mes ya que estamos absorviendo mínimo el 5 por ciento de inflación del mes de ejecución. 

Además explicó que el preámbulo del problema está ligado al contexto actual que vive la Argentina y se vive un momento muy complicado que está ligado al aumento de los dólares y es muy difícil plantear las obras.

“De no actuarse inmediatamente, estas podrían llevar a graves efectos sobre el empleo en el sector con peligro en la continuidad de las empresas”, reza la comunicación.  

Según señalan en la declaratoria luego de un periodo de alta actividad y empleo en el sector, financiado en gran proporción con el patrimonio de las empresas, en forma directa o a través de crédito bancario , en los últimos meses se ha pasado, de un desequilibrio financiero, a una grave afectación económica, de alto impacto, que consumirá los patrimonios de las empresas. 

En concreto, los reclamos de los empresarios apuntan a que el agravamiento de los guarismos de inflación de los costos; el cambio de las condiciones de comercialización de los insumos más importantes; las dificultades de abastecimiento; la imposibilidad de toma de créditos para restituir Capital de Trabajo, ante tasas exorbitantes; sistemas de ajuste de precios totalmente irrepresentativos de la realidad llevarían a una paralización del sector por imposibilidad de acción, con sus evidentes efectos sobre el empleo y la actividad regional.  

Una por una: qué medidas reclaman  

1.-Pago urgente e integro de los trabajos ejecutados, incluidos los certificados básicos, sus redeterminaciones provisorias y definitivas y los intereses por mora en el pago según la ley aplicable, en todos los contratos vigentes incluso los realizados por convenios entre Jurisdicciones, obras en general realizadas por empresas PyMEs de todo el país 

2. Aprobación y certificación de las redeterminaciones de precios en trámite en momentos en qué, por la alta inflación sufrida, estas redeterminaciones constituyen una parte sustancial de la remuneración del contratista. Incluso con demoras violatorias del artículo 22 del Decreto 691/16 Esto es más grave aún en contratos por convenio con provincias o municipios, en que se suman dos jurisdicciones a la tramitación. 

En cualquier caso, el cobro de lo redeterminado se demora por los meses de tramite insumidos y el monto percibido se ve severamente reducido por la pérdida de su valor adquisitivo -para reponer insumos- y/o por los altos costos financieros nominales. 

Se agrega al perjuicio sufrido, la irrepresentatividad de los precios relevados por el Indec y de los índices construidos con ellos, usados para calcular la redeterminación, cuando se los compara con el aumento real de precios de los distintos materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra. 

A todo ello se agrega la distorsión significativa en los precios de materiales -y/o en sus formas de comercialización- a causa de su escasez, por cambios en el comercio exterior y su regulación y por efectos de conflictos geopolíticos. 

3. Posibilidad por el contratista de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta pues, todos estos inconvenientes severos, conocidos por cada autoridad y contratista, seguramente han afectado ya el ritmo de obra, por imposibilidad financiera para mantenerlo, con un atraso consecuente en la ejecución de los trabajos y en el cumplimiento de la curva de inversiones contractual. Los consecuentes congelamientos del precio solo aceleran, en forma espiral, el prejuicio que cada empresa sufre ya. 

4. Se requiere la adopción de medidas para reconducir los contratos en ejecución, en cuanto a precios y plazos, de tal manera de posibilitar su continuidad y evitar, o como mínimo atenuar, los efectos de una paralización total, que sin exagerar, tendría rasgos catastróficos. 

Audio: Veronica Eismendi- Cámara de la Construcción.