En un comunicado tan escueto como crítico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó las demoras en la normalización de datos de inflación y crecimiento de la economía que calcula el Indec, al tiempo que acotó los tiempos para regularizar la elaboración de esos indicadores a sólo seis meses.

El Directorio Ejecutivo del organismo se reunió ayer en Washington para considerar el informe de la titular del Fondo, Christine Lagarde, sobre propuestas de medidas correctivas que la Argentina debe implementar, siempre de acuerdo con la mirada de la entidad, para mejorar la calidad de la información oficial reportada al FMI con respecto al índice de precios al consumidor (IPC), que mide la inflación y se calcula sobre precios de Capital y el Gran Buenos Aires, y el producto bruto interno (PBI).

“El Directorio Ejecutivo lamentó la ausencia de progreso en alinear el IPC-GBA con las pautas estadísticas internacionales, y tomó nota de la intención de las autoridades de adoptar algunas medidas correctivas para mejorar la calidad de los datos reportados sobre el PBI”, explicó el FMI en el comunicado.

En el renglón siguiente, aclaró que “aprobó una decisión que llama a la Argentina a implementar medidas específicas, dentro de un plazo de 180 días, para mejorar la calidad de los datos reportados sobre el IPC-GBA y el PBI, de modo tal que la calidad de dichos datos se torne consistente con el cumplimiento de la referida obligación prevista en el Convenio Constitutivo del FMI”.

Si bien no instrumentó sanciones, el Fondo suele ser muy crítico en sus informes con respecto a las estadísticas argentinas. Y su estatuto prevé penalizaciones que llegan hasta la expulsión del país miembro que entregue información estadística errónea o mendaz.
Según pudo confirmar El Cronista, en la reunión del directorio hubo fuertes acusaciones hacia el país y consideran que el plazo de seis meses otorgado ahora es el último si no hay avances concretos en el tema del Indec. Sin embargo, por ahora no está prevista la llegada de una misión al país.

Lagarde deberá, a más tardar el 6 de septiembre, informar al Directorio sobre el estado de implementación de medidas para normalizar las estadísticas nacionales.
Las estadísticas oficiales comenzaron a perder credibilidad a partir de 2007, cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, empezó a intervenir en la elaboración del IPC. Con vistas a normalizar esa irregularidad, a principios de 2011 el organismo, liderado por Ana María Edwin, pidió ayuda al FMI para elaborar un nuevo indicador de inflación, uno de los temas tabú dentro del kirchnerismo. En aquella ocasión, la titular del instituto de estadísticos aseguró que el nuevo IPC no reemplazaría al actual (que tiene como referencia la zona metropolitana) sino que se agregaría, dado que tomará como referencia los precios a nivel nacional.

Edwin defendió en aquella ocasión la iniciativa debido a que “se toma como dato general del IPC sólo representa la situación planteada en el aglomerado del Gran Buenos Aires”.