El proyecto que envió el Gobierno Nacional al Congreso modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".

La fórmula que rige actualmente corresponde a una ley aprobada a fines de 2020, la 27.609. Para su cálculo se considera la evolución de los salarios (Índice de Salarios Nivel General o RIPTE, el que dé mayor) y de la recaudación tributaria de la ANSES, en partes iguales. La fórmula de la Ley 27.609 reemplazó a la que fuera establecida en 2017.

Con los cambios que se establecen en la ley ómnibus, se faculta al Poder ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica” pero la iniciativa no establece plazos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipó que se buscará una nueva fórmula de movilidad jubilatoria porque "con la fórmula actual, los jubilados cobrarían entre 25% y 40% menos que la inflación".