El mega DNU de regulación del Estado y reformas económicas del presidente Javier Milei sigue trabado en la Justicia en su apartado de reformas laborales e incluso podría sumar nuevos reveses en otros artículos con el correr de los días.

Ante ese panorama el oficialismo apuesta que la aprobación del proyecto de ley "ómnibus", en el que se decidió incluir el mega DNU, le dé validez a la iniciativa y obligue a la Justicia a tomar en cuenta el respaldo de la política a la iniciativa y se abstenga de dar cauce a planteos que buscan declararlo inconstitucional.

El sindicalismo fue el primero en salir a manifestar su rechazo al DNU, presentando una cautelar por "inconstitucionalidad" que fue aceptada por la Cámara Nacional del Trabajo e incluso llamó a su primer paro general contra Milei, que será por 12 horas el 24 de enero.

La parte que quedó suspendida temporalmente establecía normas como la reducción de multas en caso de despido, ampliación a 8 meses de los períodos de prueba, y la obligación de prestar al menos la mitad de servicios en el marco de una medida de fuerza en el caso de ciertas actividades consideradas de importancia esencial.

Eso puso el grito en el cielo de los gremialistas de la CGT y las dos CTA, pero luego comenzaron a llegar nuevos amparos de otros sectores.

El juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para varios de los amparos presentados contra el DNU pero no para todos. Por ejemplo, el jurista Andrés Gil Domínguez le solicitó este viernes que habilite la feria para tratar su acción declarativa de inconstitucionalidad, que quedó afuera de la lista habilitada.

Uno de los amparos que comenzará a analizarse es el presentado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en representación de más de 500 intendentes de todo el país. También el presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y por el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo.

Hasta ahora, Milei tuvo dos reveses en la Cámara Nacional del Trabajo (amparos de la CGT y de la CTA de los Trabajadores) y una tercera sentencia desfavorable en el fuero Contencioso Administrativo, donde se dirimen las contiendas por inconstitucionalidad del DNU. 

El Gobierno apeló las cautelares y buscará llevar el caso a la Corte Suprema para correr al fuero laboral de la pelea judicial.