La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó hoy que la Justicia expulse del país a los extranjeros que comentan delitos en el país y no tengan residencia permanente en Argentina. 

“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, aseguró Bullrich en declaraciones radiales. 

En esa línea, la integrante del Gabinete del presidente, Javier Milei, argumentó: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”.

En días previos, fueron varios los funcionarios que se manifestaron en el mismo sentido. El primero fue el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien reclamó la reposición de un decreto que se firmó en 2017, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.

Lo propio hizo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien respaldó su reclamo con estadísticas de la Ciudad. 

“Sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)”, detalló Wolff en la red social X. 

El ministro del Interior, Guillermo Francos, también adhirió al pedido de expulsar a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina y consideró que deben “cumplir con la pena” que se les imponga, para luego ser “expulsados del país con prohibición de reingreso”.

En enero de 2017, el ex presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 70, que modificó la Ley de Migraciones. La norma que había impuesto el ex mandatario se amparaba en la potestad del Estado para "decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”. 

En tanto, creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021, quien argumentó que dicha normativa no trajo mejoras sustanciales en materia migratoria, sino que “agravó exponencialmente la litigiosidad”.