La red social de mensajería instantánea Telegram atraviesa un momento turbulento en medio de las crecientes discusiones sobre su posible bloqueo en España, donde varias compañías denunciaron a la aplicación por alojar ilegalmente contenido audiovisual protegido por derechos de autor. 

Frente a estos hechos, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, había ordenado la suspensión del servicio de manera cautelar. Sin embargo, dio marcha atrás con la decisión y, en una providencia dictada la mañana de este lunes, dejó sin efecto -al menos momentáneamente- dicha suspensión. 

En concreto, se decidió aplazar el bloqueo hasta la elaboración de un informe policial sobre plataforma por parte de la Comisaría General. A continuación, todos los detalles. 

Chau Telegram: qué pasó con la red social

A raíz de la denuncia presentada por las empresas EGEDA, Atresmedia, Mediaset y Movistar, Pedraz ordenó el bloqueo de Telegram y justificó su decisión con la falta de colaboración por parte de la red social y las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (sede social de la app)  al momento de solicitar información sobre los canales que supuestamente estaban difundiendo contenido ilegal. 

La medida causó descontento en varios sectores. Por ejemplo, la organización de defensa de los derechos de los consumidores Facua-Consumidores en Acción describió la acción del magistrado como "absolutamente desproporcionada". El partido Pirates de Catalunya, por su parte, denunció "al Estado español" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "por la desproporcionalidad de las medidas tomadas por la Audiencia Nacional".

Este lunes por la mañana, sin embargo, la discusión dio un giro de 180 grados cuando el juez de la Audiencia Nacional reconoció que no se habían agotado otras medidas menos gravosas para combatir la supuesta distribución ilegal de contenido protegido por derechos de autor en Telegram. 

En este sentido, Pedraz decidió suspender el bloqueo de la red social de forma cautelar mientras se espera un informe policial que valore las medidas alternativas disponibles.