El gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia visitaron este miércoles la Dirección General de Asuntos Penitenciarios y dieron una conferencia de prensa en la que detallaron cómo son las requisas en las cárceles santafesinas.

Pablo Cococcioni informó que desde el 11 de diciembre a la fecha se secuestraron 1.800 celulares, lo cual representa “la misma cantidad que todos los secuestrados en los cuatro años anteriores”.

Esto, dijo, “fue posible tras la decisión de restituir los grupos de requisas centralizados que habían sido disueltos. La tendencia en la gestión anterior (de Omar Perotti) era que cada director de unidad (penal) tuviera tres o cuatro empleados para hacer algunas requisas de menor agresividad. Ahora la decisión fue volver a un solo grupo que irrumpe de manera no anunciada y sorpresiva. No se les avisa ni a los directores de unidad. El grupo reporta directamente a la directora del Servicio Penitenciario por vía de su plana mayor”.

Según el funcionario provincial, “esto permite una mayor efectividad, pero también el hecho de que no sean anunciadas y no dependan orgánicamente de la propia unidad penitenciaria hace que se reduzca la posibilidad de alguna falta de efectividad por la familiaridad y el contracto permanente con el preso”.

En ese sentido, explicó que “quienes están en el grupo de requisas no tienen contacto regular con los privados de libertad, no son celadores, no están a cargo permanentemente de su guarda y custodia y actúan como un grupo de choque externo que trabaja a cara cubierta, con lo cual tienen toda la libertad de acción”.  

Asimismo, Cococcioni anticipó que las requisas serán “cada vez más potentes en su despliegue”, es decir, que cuando los efectivos no encuentren lo que estén  buscando “procederán a desmantelar televisores y retirar artefactos sanitario”. Serán, dijo, con “muchas menos contemplaciones, y si el preso se queja o no le gusta, se hace igual”.

El ministro criticó además la “laxitud de los controles” durante el gobierno de Perotti. “Era un régimen en el cual el preso o sus familiares podían hacer ingresar cuantos kilos de elementos, víveres y demás quisieran, donde los presos de alto perfil eran tratados con los mismos derechos y beneficios que el resto de la población,  donde había un número ilimitado de visitas íntimas con contacto físico”. En cambio, según indicó, la actual gestión está implementando “un régimen especial para reclusos de alto perfil”. “Tenemos consagrada la facultad legal de poner límites al ingreso de personas y elementos y hacer requisas mucho más intrusivas”.

Prejuicios ideológicos

A su turno, el gobernador Maximiliano Pullaro manifestó: “somos conscientes de las críticas de muchos defensores de organismos de derechos humanos pero nosotros solamente estamos haciendo cumplir la ley y la Constitución”.

“(La actual) es una situación demasiado sensible como para que prejuicios ideológicos nos limiten el accionar de la policía, del MPA y de los hombres y mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia”, finalizó.