Por Mariano Cuvertino (diputado de Santa Fe)

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, conocido por su acrónimo RIGI, se presenta como una nueva política de estímulo a la producción en áreas estratégicas, algo que ya se intentó con distinta suerte en el pasado.

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, en sintonía con los reclamos de diferentes sectores, iniciamos una serie de acciones para alertar sobre el impacto que este régimen podría tener sobre la producción santafesina y de todo el país. Dejamos aquí un repaso de los principales problemas que detectamos.

Es un régimen general, que no discrimina sectores ni regiones

El primer cuestionamiento que señalamos es que se plantea como un régimen transversal, es decir que no discrimina entre sectores y regiones, como es el espíritu de este tipo de medidas. Si bien se puede desprender que está orientado a recursos naturales no explorados, al dejar librado el resto de los sectores de la economía puede implicar la llegada de mega proyectos a provincias que cuentan con capacidades de producción desde hace muchos años y exponerlas a una situación de competencia desleal. Insistimos en este punto: un régimen de inversión es siempre bienvenido, solo alertamos que debe tener en cuenta la trama empresarial prexistente.

Pensemos en Santa Fe, por ejemplo, que se caracteriza por una trama económica compuesta en su mayoría por Pymes. Según el último Censo Económico Nacional, nuestra provincia tiene 24.553 empresas de las cuales casi un 80% son micro. Si ponemos el foco en la industria agroalimentaria, existen alrededor de 2.500 establecimientos que emplean a más de 43.000 personas. Estas empresas deberán competir de forma asimétrica y desleal pues no tendrán los mismos beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y jurídicos, que las que operen bajo el RIGI.

Es un régimen que no promueve el encadenamiento con la industria local

Las experiencias exitosas de promoción de inversiones con asistencia estatal tienen en común la demanda de industrias satelitales que desarrollan la capacidad local. Es lo que se conoce como encadenamiento, pues pone en funcionamiento una robusta trama productiva regional.

El RIGI, tal como está en el proyecto de ley, no contempla el encadenamiento, sino que, por el contrario, supone la construcción de enclaves aislados de la vida económica de la población al habilitar la importación y exportación libre de bienes “sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones cuantitativas, cupos o cuotas de ningún tipo”.

Esto abriría la puerta a la importación indiscriminada de productos nuevos o usados para la venta interna, con lo cual, las empresas que inviertan podrían importar hasta la ropa de sus operarios. Por lo tanto, ya no estaríamos ante una estrategia desarrollista, que tolera ciertas asimetrías con el fin de generar un “big push” productivo, sino ante un modelo puramente extractivista que le daría la espalda al desarrollo local.

En Santa Fe tenemos un ejemplo exitoso de encadenamiento con la Mesa de Gas, Petróleo y Minería que involucra al ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, la Federación Industrial de Santa Fe (Feisfe) y la Agencia DAT. Este organismo creado en 2019 durante el último año del gobierno de Miguel Lifschitz, se propuso generar contactos con la región de Vaca Muerta para pensar acciones de desarrollo y generó vinculaciones entre más de 100 pymes santafesinas a las cadenas de valor del oli&gas y la minería. Son estos modelos que podríamos replicar sobre otras actividades económicas donde el potencial de crecimiento requiere planificación, estrategia y mucho diálogo y acuerdo entre los actores involucrados.

Es un régimen que no impone un plazo razonable para sostener los beneficios

Durante un encuentro con el sector industrial que realizamos junto al senador Paco Garibaldi esta semana, nos manifestaron su preocupación por el plazo previsto para sostener los beneficios del RIGI. El proyecto en debate propone 30 años de estabilidad, un tiempo excesivo en comparación con lo que contemplan otros países con regímenes de incentivo similares y que excede el promedio de recuperación de una gran inversión.

De ser así, este hecho impactaría directamente en las provincias de dos maneras: primero, porque afectaría la masa coparticipable al reducir la recaudación nacional (por ganancias e IVA). Segundo, porque avanzaría en facultades de los gobiernos provinciales y municipales al imponer límites al ejercicio de las potestades tributarias sobre recursos propios.

Inversiones sí, pero sin destrucción de la industria nacional

Hace un mes pusimos este tema en debate en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Damos la bienvenida a todo proyecto que tenga como fin desarrollar el potencial productivo, la capacidad técnica y creativa de Argentina.

En las manos de los senadores recae ahora la importante tarea de colaborar para salir de la encerrona “RIGI si o RIGI no.” Queremos un régimen de inversiones pero necesitamos dotarlo de contenido federal, estratégico, que tenga en cuenta las necesidades de todo el país.